La rendición provincial del segundo trimestre

En el curso de este año la administración provincial parece haber optado por demorar menos tiempo en dar a conocer los respectivos informes sobre la gestión del sector. A fin de agosto pasado se difundió el referido al segundo trimestre, con el cual se completa medio año. Su contenido no corrige el equívoco planteo de las rendiciones precedentes e insiste en ignorar lo sucedido en siete agencias y ocho organismos descentralizados que debieran incluirse, por ser parte del sector Gobierno de esta jurisdicción. Es muy probable que la elección del momento más oportuno se haya resuelto en función de lo que creen más conveniente dentro de un período preelectoral. Es necesario recordar que en el proyecto de Presupuesto que recibió aprobación, el total de ingresos por todo concepto se estimó en 33.376,6 millones de pesos. De ellos, los Corrientes fueron evaluados en 32.162,8 millones de pesos (96,4 por ciento), mientras que los de Capital están ­insertos con apenas 1.213,9 millones de pesos (3,6 por ciento) que, obviamente, ni ­siquiera logran financiar las amortizaciones o reemplazar los que salen de servicio, que siempre son mayores a ese tan escaso índice. Esto significa que, al igual que en años anteriores, no se tuvo en cuenta más que un esquema presupuestario de consumo que, con el correr del tiempo y su pertinaz reiteración, debilita la gestión global. Las mermas y una constante falta de sustitución llevan a una ­inevitable descapitalización.La respectiva ejecución ­agudiza más lo señalado, pues los Ingresos Corrientes recaudados llegan a 17.168,6 millones de pesos (53,3 por ciento del cálculo anual).

Los recursos de origen impo­sitivo, con 15.115,1 millones 
de pesos, aparecen como la principal vía de financiamiento, a los que los de administración local aportan 6.056,5 millones 
de pesos (40,1 por ciento). El ­resto de 9.058,6 millones (59,9 por ciento) se cubre con las transferencias del Gobierno nacional por coparticipación y otros fondos específicos.

En cuanto a los Ingresos de Capital, los 458,5 millones de pesos que alcanzaron en seis meses representa un muy escaso 37,8 por ciento de lo previsto.

Al encarar el correlativo tratamiento en cuanto a los Gastos, debe tenerse presente que fueron calculados inicialmente en 32.860,7 millones de pesos. De acuerdo con su finalidad, surgen los Servicios Sociales como los de mayor proporción, dado que figuran con 16.723 millones de pesos (50,9 por ciento) y, dentro de ellos, Educación y Cul­tura cubre 11.889,2 millones de pesos, o sea el 36,2 por ciento del total general y el 71,1 por ciento de esta finalidad especifica.

Las rectificaciones introducidas están referidas exclusivamente a un incremento de erogaciones, ya que los recursos corrientes no se modifican. Por lo tanto, para presentar el balance financiero equilibrado han apelado a incrementar el uso del crédito en un importe adicional neto de 439,6 millones de pesos.

La precariedad insostenible del nuevo balance preventivo es muy notoria, pues en el anteúltimo cuadro de la foja dos se incorpora como disponible un supuesto “Remanente de ejercicios anteriores” de 483,8 millones de pesos. Pero no se hizo lo mismo con las “Obligaciones del Tesoro de ejercicios anteriores”, que admiten de forma explícita por 642 millones de pesos.

En la ejecución, los Gastos Corrientes llegan, al finalizar el semestre, a 14.568,2 millones de pesos (49,2 por ciento de lo estimado), de los que el rubro “Personal” absorbe 8.493,7 millones de pesos, equivalentes al 58,3 por ciento.

Además, debe subrayarse que se han tomado sólo los gastos admitidos como “Ordenados a pagar”; es decir, los que han cumplimentado todo el trámite y han sido objeto de la emisión de dicha orden, los cuales para fines de junio ascendían a 16.815,6 millones de pesos, incluidos 14.354,6 millones de ­pesos pagados.

Como ya es habitual, se han omitido otros 1.471,3 millones de pesos de erogaciones que corresponden a las ya comprometidas del período, pero que todavía no completaron íntegramente el periplo antes mencionado, pese a que debieron computarse como tales y, además, sumarlas a la “deuda flotante”.

Otra “licencia” que requiere una corrección se refiere a la resta que se hace sobre el total del gasto, de 424,8 millones de pesos, que, sin aclaración alguna, puede suponerse que serían “economías de ejecución”. Puesto que no saben cuánto ni dónde se podrán hacer, las consignan bajo una inexistente identifi­cación y única explicación que reza: “A clasificar”.

El endeudamiento provincial 
es un tema candente que siempre se reitera y que en todas las rendiciones mueve a hacer ­“recortes” para presentar una “deuda flotante” más digerible.

Con ese propósito, esta vez se ha expuesto en la foja 51, que lleva por título: “Situación del Tesoro”, que dicha deuda asciende a 3.726,5 millones de pesos. Por supuesto, sin los 1.471,3 millones de pesos antes mencionados, que ignoran olímpicamente.

Si se los considera, la cifra 
de cierre trepa a un muy preo­cupante importe de 5.197,8 millones de pesos, monto que supera en 1.064,8 millones de pesos ­
(+ 25,76 por ciento) al que existía al 31 de marzo pasado.

Respecto de la Deuda Consolidada, se consigna en la rendición que, en el ámbito de la Administración Central, asciende a 8.219,5 millones de pesos, con el 32,3 por ciento de ella tomada en dólares estadounidenses, que se convierte a nuestra moneda al tipo de cambio vendedor oficial que regía el 28 de junio (5,388 pesos por cada unidad).

Siguiendo la inadecuada modalidad que lamentablemente se ha hecho habitual, en una nota al pie del segundo cuadro aclaran que el pasivo adicional de la Agencia de Inversión y Financiamiento es de 5.055,5 millones de pesos, con lo cual se pretende hacer creer que la deuda global de la Provincia es de sólo 13.275 millones de pesos.

Debemos recordar que han quedado sin computar lo que debían cada una de las siete agencias y los ocho organismos descentralizados que otra vez, debido a sospechosas y reiteradas “distracciones” de los funcionarios encargados de preparar estas cuentas, se han “olvidado”.

Dado que no han variado de forma sensible en este lapso, la suma es de 8.510,2 millones de pesos, a la que se debe agregar el saldo a pagar de 780 millones, correspondiente al crédito obtenido en el Banco de la Provincia.

Eso significa que la deuda consolidada realmente ascendió a 22.565,2 millones de pesos. Si sumamos a ella la flotante, se concluye que el sector gubernamental cordobés tiene un pasivo total de 27.763 millones de pesos. Un fardo bien pesado para su sufrida población.

*Profesor de posgrado en Ciencias Económicas de la UNC