La puerta de escape del populismo

Como lo hizo España hace más de 40 años con los pactos de la Moncloa, en los que todas las fuerzas políticas se unieron para concertar las bases para la modernización de dicho país, así lo debe hacer nuestra nación. Sólo de este modo podremos pegar un salto definitivo al atraso provocado por 70 años de populismo, para la consolidación democrática y para ponerles un cerrojo definitivo a las políticas que, a juzgar por los resultados –un tercio de los argentinos por debajo de la línea de pobreza–, hablan por sí mismas.

Este acuerdo busca, en su esencia más pura, disminuir al máximo posible la discrecionalidad de los actos llevados a cabo por las personas que estén a cargo de los tres poderes de la Nación, en el manejo de los recursos a su disposición. Para el armado del plan, deberán participar todos los sectores que conformen los poderes.

Para que resulte más efectivo, este acuerdo debería ser replicado en provincias y en municipios, para que la discrecionalidad de los que estén a cargo del poder también sea acotada. Y deben participar todas las fuerzas políticas.

Resultará fundamental imitar los buenos ejemplos aplicados por países exitosos, en lo posible con los que compartimos características similares.

En educación, podemos observar detenidamente qué han hecho países como Japón, Corea del Sur y Singapur. Los legisladores deberán tomar nota, por ejemplo, de cuál es el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que se invierte con ese destino, cantidad de días de clases, el lugar que ocupa el maestro en la sociedad, cómo se premia y se castiga a quienes alcanzan o no los resultados esperados; es decir, definir los temas relevantes y aplicarlos de manera gradual a nuestra realidad, para volver a tener una educación de excelencia, como a principios del siglo pasado.

Un tema central que nos ha condicionado históricamente es la deuda externa. Se podría tomar como referencia el porcentaje promedio de la deuda sobre el PIB de los países vecinos, en especial de aquellos que cuenten con una economía ordenada, para evitar que este recurso sea utilizado por mandatarios a quienes no les importa si efectivamente nuestro país tendrá los recursos para honrar la deuda contraída al momento de que esta tenga que ser cancelada.

Los servicios públicos son otros de los factores para tener en cuenta en este acuerdo macro. Se podría tomar un promedio –en moneda constante– del costo por kilómetro en los países de la región que cuenten con un sistema de transporte eficiente, y definir ese valor como óptimo. Si nuestro precio se encuentra por debajo del costo promedio, se deberán adecuar esos importes, pero prestando especial atención en un primer momento para no perjudicar a las personas con menos recursos. Se pueden establecer áreas críticas en las que la adecuación de la tarifa requiera ser más gradual. Lo mismo se puede realizar para el resto de los servicios públicos.

Si queremos que vengan inversiones, debemos adaptar las leyes laborales de nuestro país a la realidad del mundo actual. Se deben equiparar las leyes vigentes relacionadas con el trabajo con las de países con los cuales vamos a competir para que esas inversiones lleguen. Ante dos alterativas similares, todo inversor optará por aquella que sea menos riesgosa y por la que obtenga mayores beneficios. Los sindicatos también deberán ser parte de la discusión, peleando por mayores recursos y condiciones de trabajo, pero exigiendo productividad.

El acuerdo lo debe impulsar el Gobierno nacional. El objetivo será que de una vez por todas terminemos con la espera de la llegada del Mesías que “nos salve”.

En un primer momento, deberemos imitar a los países que lo han hecho bien. Y, una vez que ordenemos la casa, llegará el momento en que dejemos de imitar y empecemos a crear. Pero esta situación ideal será para futuras generaciones, si es que les dejamos un piso firme donde puedan establecerse y desarrollarse.

* Contador público, MBA