La Municipalidad debe facilitar el servicio

Según informó este diario el sábado 5 de abril (con datos proporcionados por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba), habría entre 350 mil y 400 mil vehículos con la inspección técnica vehicular (ITV) vencida y asustados por las posibles multas y el recargo de 30 por ciento en la tarifa en planta. A partir del 15 de mayo, iba a aplicarse el recargo (multa disimulada, pues esta sólo debería ser aplicada por inspectores en la vía pública) del 30 por ciento a quienes concurrieran con su oblea vencida a renovar la ITV, pero la medida fue postergada hasta fin de mes.Si bien se habla de una nueva tarifa de 195 pesos para automóviles particulares, esta sigue costando 150 pesos, que con el recargo del 30 por ciento asciende a 195 pesos.Se llegó a esta situación de más de 300 mil vehículos infractores por la falta de control en los últimos años por parte de la Municipalidad. En varias oportunidades, los mismos funcionarios reconocieron que no había controles.Por lo tanto, es responsabilidad del Estado municipal brindar los medios para posibilitar la concurrencia de los infractores. Y no están haciendo nada; sólo asustan a la gente.

En 1996 –cuando se emplazó por primera vez a la población a cumplir con la ITV–, se produjo una situación similar. Los ciudadanos, como era verano, concurrían desde la medianoche a hacer fila para poder hacer la inspección.

¿Qué hizo Rubén Américo Martí, como buen intendente que gobernaba para los intereses de los ciudadanos? Emitió el decreto 41, del 22 de febrero de 1996, elaborado para solucionar un problema similar.

Según ese decreto, se programó y ordenó la asistencia de acuerdo con el último dígito de la chapa patente, a razón de un dígito por mes. Es decir, los terminados en 0, el primer mes; los terminados en 1, al mes siguiente, y así de forma sucesiva hasta que se completaran todas las inspecciones.

Vamos a la situación actual. Supongamos que el número de infractores sea de unos 300 mil. Como las plantas no están en condiciones con sus máquinas, como no cuentan con personal suficiente, como habría problemas con el sistema informático, y por una cuestión simple de relación física de cuántas inspecciones pueden realizarse por día, habría que comunicar a la población un plan cronológico de asistencia de vehículos con oblea vencida, dando un mes a cada último dígito de chapa patente.

Por ejemplo: terminados en 0, junio; terminados en 1, julio, y así sucesivamente, tal como se hizo con el decreto antes citado. Y recién habría que aplicar el recargo del 30 por ciento dentro de 10 o 12 meses, cuando se cumpla el ciclo de regularización.

La Municipalidad, como concedente, debe velar por los intereses de la población y no por los intereses de la empresa concesionaria. Por lo tanto, debe emitir un decreto que posibilite la asistencia de los ciudadanos a las plantas para que puedan cumplir con la obligación, no como castigo con espera de horas y, para colmo, con un recargo como multa enmascarada.

Aun cuando se incorpore suficiente personal, yo creo que no podrán realizarse más de 300 o 400 inspecciones por día por planta (un total, supongamos, en el mejor de los casos, de 1.200 por día entre las tres plantas, número muy difícil de alcanzar).

Si hay 300 mil infractores, implica que a ese ritmo se tardará 250 días. Además, hay que agregarles los que concurren para cumplir en fecha. Estos siempre fueron el 50 por ciento de las inspecciones diarias.

Dicho de manera clara y en números redondos: hace falta un año para regularizar la situación de los infractores. Se debe, en ese tiempo, facilitar a la población la asistencia y que no se formen filas de tres a cuatro horas, como ocurre ahora, ya que el contrato de ITV firmado entre la Municipalidad e Inspecentro establece, en el pliego particular de inspecciones técnicas –en su artículo dos, modalidad de prestación, inciso c– que los automóviles tienen que hacer la inspección en 20 minutos. Los pliegos del llamado a licitación forman parte del contrato.

Pienso, además, que la Municipalidad debería contratar una auditoría –puede ser la Universidad Tecnológica Nacional– para establecer de manera fehaciente el estado de las instalaciones, en general, y de las máquinas y el sistema informático en particular, para poder controlar que el concesionario cumpla con las inversiones que prometió en su oferta.

*Ingeniero, exgerente del servicio de inspección técnica vehicular