La medida del poder

Ninguno de los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación abandonará su compostura ni perderá en público la mesura y el equilibrio que son inherentes a su función. No obstante, varios de ellos no se inhiben en privado de ser muy expresivos, en gestos y palabras, para calificar la decisión política del Gobierno de generar un conflicto institucional con el máximo tribunal del país. Saben esos jueces que el de-sacato y el ataque político posterior que sufrieron por su fallo que ordena la reposición en el cargo del ex procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa son sólo una excusa para hacerles sentir el rigor que aplica el matrimonio presidencial cuando creen que alguien les disputa poder. Pero en este caso, según se interpreta en la Justicia, esa mecánica del apriete que utilizan los Kirchner está dirigida a amedrentar a los magistrados para que no anuncien otros fallos importantes, que ya cuentan con mayoría de firmas y son adversos a los intereses del oficialismo. Dos casos en espera. Por estos días, hay al menos dos sentencias pendientes que el Gobierno no quiere que aparezcan. Una, es la referida a la acción de amparo que presentó el Grupo Clarín por el artículo 161 de la llamada ley de medios, que establece un plazo de un año a las empresas para desprenderse de radios o canales de televisión no admitidos en la nueva norma. Por una mayoría que sería de 6 a 1, la Corte dejaría en suspenso ese artículo hasta que se analice la cuestión de fondo. Para el Gobierno, sería una derrota.La otra decisión, también ya adelantada por esta columna, establece la actualización de haberes a un jubilado, que naturalmente le abrirá a miles la posibilidad de reclamarle al Estado. Al igual que el llamado "caso Badaro", que actualizaba los haberes hasta 2006, ahora será el "caso Rossi" en el que la Corte, con el mismo criterio del fallo anterior, decide aplicar la actualización de la remuneración desde 2006 hasta 2009. El disgusto para el Gobierno radica en que, en un año electoral, se verá obligado a destinar a los juicios que le lloverán, millones de pesos que ahora se reserva para hacer política. ¿Institucionalidad? ¿Alguien piensa que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, tiene autonomía política suficiente como para desafiar a la Corte Suprema sin consultar antes a los Kirchner? Ese mandatario dijo que los magistrados tuvieron "clara intencionalidad política" al pronunciarse sobre el caso del ex procurador provincial Eduardo Sosa y que no cumplirá la sentencia. El Gobierno nacional se hizo escuchar por la voz del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que con la misma locuacidad con que habla del mundo de las vedettes justificó el desacato a la Justicia. En paralelo, Néstor Kirchner, como titular del Partido Justicialista, prometió a Peralta montar un acto en Río Gallegos con otros gobernadores dependientes del oficialismo para "defender la institucionalidad". En otras palabras, será para enfrentar a la Corte y avalar el alzamiento del gobierno santacruceño, algo que sí hiere la institucionalidad.El conflicto de poderes ya está planteado y se le agregará en las próximas horas una definición del Congreso que no puede estar ausente. ¿Qué hará la Corte ante el apriete del kirchnerismo? Si deja pasar en silencio el caso Santa Cruz y, a la vez no da a conocer los otros fallos, la autoridad del máximo tribunal de justicia del país se vería seriamente lesionada. Si decide sostener y hacer cumplir sus sentencias, que es lo que corresponde en un Estado de derecho, sus miembros serían puestos por el poder político en la vereda opositora, allí donde, según la lógica binaria kirchnerista, anidan los "destituyentes".A nadie escapa que, de profundizarse, el conflicto podría tomar caminos imprevisibles. "Tarde o temprano, esto iba a ocurrir", reflexionó uno de los secretarios de la Corte cuando se lo consultó sobre el ánimo que prevalece entre los magistrados. Y contó que la mayoría de ellos, que fueron propuestos y designados por la pareja presidencial, vienen tolerando desde hace tiempo airados reclamos telefónicos de la jefa de Estado, incluidos algunos maltratos. "Todo tiene un límite", agregó el funcionario judicial, sin aventurar el próximo capítulo del enfrentamiento. Otras fuentes cercanas a la Corte sostienen que el próximo martes, día en que los integrantes del máximo Tribunal se reúnen en acuerdo, no dirán nada todavía sobre el desacato del gobernador de Santa Cruz porque la causa pasó a una jueza de aquella provincia, pero sí darán a conocer las otras sentencias que están listas y que el Gobierno pretende que sigan en el freezer . Lo que debería ser un acto normal de administración de justicia, se transformaría entonces para los jueces en un involuntario desafío al poder. Eso busca Néstor Kirchner, para medir el suyo.