La lacra del trabajo "en negro"

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al cuarto trimestre de 2009 aporta una serie de datos cuyo análisis debiera generar preocupación. Su elaboración estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, si bien difiere con respecto a los datos de fuentes privadas, no modifica las principales conclusiones y puede ser tomada como referencia válida.

Hay unanimidad en lo referente a la cuantificación de la población económicamente activa (PEA), integrada por quienes han decidido incursionar en el mercado laboral y tienen entre 15 a 65 años, que, según la información disponible, totalizan alrededor de 18,2 millones de personas; o sea, el 45 por ciento del conjunto.

Hay una franja compuesta por 1,53 millón (8,4 por ciento) que involucra a los que buscan, pero no han encontrado trabajo durante la semana anterior a la que se realizó la respectiva encuesta, siendo por tal causa considerados "desocupados absolutos". Su núcleo más amplio incluye a las mujeres (9,8 por ciento) y, en menor medida, a los varones.

El colectivo más numeroso (84,3 por ciento) abarca a 15,4 millones y son identificados como "ocupados"; es decir, cumpliendo una tarea remunerada de carácter estable a la cual dedican todo el tiempo previsto con ese objeto. Al mismo debe agregarse una fracción menor (7,3 por ciento), que suma 1,34 millón y revista en calidad de "subocupados" que, aunque desearían cumplir un horario más extenso, sólo han logrado hacerlo entre una y 35 horas semanales.

La última encuesta. La nota más impactante es que, entre los ocupados, 4,1 millones no están inscriptos y, por lo tanto, permanecen en esa condición irregular que popularmente se refiere como "en negro".

Los datos globales siempre disimulan las diversas condiciones particulares e, incluso, las que rigen en las diferentes zonas geográficas. A modo de ejemplo, puede citarse que en el noroeste ese indicador asciende a 41,9 por ciento; en el nordeste es de 41,3; el Gran Buenos Aires coincide con el promedio nacional (36,7); en la zona centro desciende al 33,3 y en la Patagonia se verifica la mejor marca con sólo 20,9 de los ocupados "en negro".

Qué hicieron. Lo único que hicieron para combatir esa persistente "fuga" del sistema data de diciembre de 2008, cuando se estableció un régimen especial, aún vigente, por el cual los empleadores pueden acceder a un plan de regularización con una importante condonación de la deuda acumulada y reducciones del 50 y 25 por ciento, respectivamente, en los aportes que correspondan por los dos primeros años posteriores. No obstante, hasta fines de 2009, sólo se incorporaron unos 250 mil nuevos afiliados; cifra muy modesta e insignificante, pues apenas abarca un misérrimo 5,7 por ciento de los que han venido eludiendo la normalización. Casi todos se avinieron, incluso, cuando ya estaban detectados o en inminencia de serlo.

Semejante grado de reticencia a la regularización no tiene como principal motivo el costo mensual que supone esas cargas, sino otro factor mucho más relevante: el promedio salarial unitario que en este colectivo de trabajadores informales no supera 40 por ciento del que corresponde por remuneración "de bolsillo" a los que revistan como ocupados "en blanco".

Los afectados, además de carecer de toda protección, laboran en forma más precaria y condenados a permanecer sumidos en muy severos niveles de pobreza. Los mayores "bolsones" de informalidad se localizan en el servicio doméstico, en el que afecta a 84,7 por ciento del personal ocupado, seguido por el trabajo rural (69,8 por ciento) y la construcción (67,8 por ciento).

Una tendencia preocupante. Es cierto que desde comienzos de 2003 hasta el primer trimestre de 2008, la propensión al empleo "en negro" marcó una sensible declinación al mostrar su mejor expresión en 2006 y 2007, cuando descendió del 44,3 a 37,3 por ciento; lo cual implicaba la normalización de 1,3 millón de trabajadores.

En los dos últimos años, el promedio se estancó en alrededor de 36,7 por ciento, que coincide con el del cuarto trimestre de 2009.

La población total del país está compuesta por 52 por ciento del sexo femenino, pero -sobre los empleados- ese porcentaje se revierte en forma rotunda reduciéndose al 41,5 por ciento, con 40 por ciento de ocupadas; aunque en la actividad privada sólo significan el 30,9.

A ello debe agregarse que en los planos medios altos y de conducción sólo representan 15,2 por ciento, pese a que sus remuneraciones, siempre por idénticas funciones que las de los hombres, son más bajas en 31,4 por ciento. Sólo constituyen mayoría en las áreas de educación y salud, siendo muy lenta la generalización de esa tendencia, aun cuando ya cubren 58,7 por ciento del alumnado universitario. Esos datos pondrían en evidencia un mercado laboral en el que no se ha logrado erradicar el perjuicio "machista".

Las múltiples encuestas que actualizan trimestralmente demuestran que, si se quiere, pueden conocerse en detalle las características del mercado laboral. Entonces, ¿por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) exhibe tan poca eficiencia al combatir el trabajo "en negro"?

*Profesor de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC