La ilegitimidad de la deuda

Carlos María Escalera Presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba Con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario y su pretendida aplicación a la cancelación de la deuda pública argentina o a su afianzamiento, mucho se ha hablado y escrito de la supuesta ilegitimidad de la deuda contraída, fundamentalmente, por gobiernos de distinto signo durante los últimos 40 años. La confusión reinante sobre este tema alcanza a personalidades importantes e influyentes en nuestro medio. Sin intentar comenzar un debate público que humildemente no me siento capaz de provocar, sí creo que se hace necesario intentar aclarar algunas cosas, ya que generan la posibilidad de un nuevo default (cesación de pagos) de la Argentina y frenan la llegada de inversores locales y extranjeras, que seguramente ayudarían a consolidar el crecimiento de los últimos años, generando nuevas fuentes de riqueza y trabajo para nuestra postergada Nación. El argumento de muchísimos formadores de opinión radica en el hecho de remontarse a la deuda contraída en la década de 1970, y particularmente la asumida durante el gobierno militar de 1976/1983. En realidad, no voy a analizar si la deuda pública de aquellos años fue contraída de manera ilegítima (sin conformidad con la ley vigente), ya que el proceso denominado "Plan Brady" -en los inicios de la década de 1990- tomó la deuda externa a aquella fecha (24.800 millones de dólares) y la "titulizó". Ello significa que la deuda contraída en un origen con entidades bancarias del exterior mediante contratos de préstamos (independientemente de la legitimidad o no en su origen), fue cancelada/renovada mediante la entrega de títulos -valores públicos- emitidos al portador por el Estado nacional, vale decir títulos que no indican a quién se le entregaron ni cuáles fueron sus propietarios posteriores hasta llegar a la fecha, y cuya sola tenencia pública y pacífica hace presumir su propiedad. Luego, en los mercados de valores de Argentina y de los principales países del mundo se comercializaron esos títulos argentinos, más todos aquellos emitidos con posterioridad. Así es que desde 1992 hasta la fecha han cambiado de dueños cientos de veces los títulos emitidos por el Estado argentino. Por si esto fuera poco, tras el default de 2001 se canjeó en 2005 buena parte de la deuda pública argentina, con lo cual se estima que a la fecha no hay prácticamente títulos valores remanentes originados en el Plan Brady. No dudo en afirmar que los tenedores actuales de los títulos de la deuda pública, no son ni prójimos de los originales acreedores sino que, por el contrario, son inversores que, seguramente de buena fe, invirtieron sus ahorros confiando en el país. Pienso que mal pueden aplicarse a esos inversores las pretendidas teorías de ilegitimidad. ¿Sabrán quienes promueven declarar la ilegitimidad de la deuda que la mayoría de los tenedores de títulos son residentes argentinos? Al 31 de diciembre de 2008, el 61,82 por ciento de los tenedores de títulos de deuda era residente argentino, entre ellos nuestras ex AFJP, hoy en manos de la Anses, que es el principal tenedor de títulos emitidos por el Gobierno nacional.