La democracia no es épica

Días atrás, mi amigo puntano Juan José Laborda Ibarra me recordaba una frase de Julio María Sanguinetti, pronunciada en un panel organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde) en 2009 y titulado "Crisis y progreso: el rol de la dirigencia en Latinoamérica". Dijo entonces el expresidente uruguayo: "La democracia no es épica, es artesanal. No es arriba del caballo, como proclama el dogma. Es un ejercicio de construir de manera paciente y constante el desarrollo de las instituciones". La épica alude a la epopeya, a la poesía heroica, destinada a exaltar gloriosas acciones bélicas, a relatar hazañas irrepetibles ejecutadas por héroes nimbados de patriotismo, vencedores de villanos perversos que buscan impedirlas.Es bueno conmemorar los hechos heroicos del pasado, que contribuyeron a forjar nuestra Nación, y rendir homenaje a sus protagonistas. Ello sirve para encender en los niños el amor a la patria, pero no para construir un clima social de paz y concordia. Con más razón si se plantea desde una visión maniquea, separando a los hombres en buenos y malos, sin admitir otros juicios interpretativos.Tampoco resulta a la larga gratuito, pues entre otras cosas, esa distorsión ha servido para construir instrumentos políticos en provecho de la ambición dominadora de líderes personalistas, que han sustentado su poder en la supuesta imitación de aquellos héroes del pasado.La democracia promueve la convivencia armónica de hombres y mujeres de procedencia diversa y diferentes maneras de pensar. Y eso se construye día a día, respetando los disensos y fortaleciendo las coincidencias, bajo la convicción de que el que no piensa como yo no es un enemigo, sino alguien que busca el bien común por un camino diferente.Incluso el componente agonal de la política no debe convertirse en una guerra a muerte en la que se busca destruir al otro, sino en una sana competencia entre personas que se presumen bien intencionadas.Gabriel Zanotti describe con precisión lo que llama el "pensamiento absoluto" de aquellos iluminados para quienes el "modelo" que defienden es perfecto y la única opción moral posible, por lo que su abandono constituye un retroceso inadmisible.A la luz de esta convicción, todo aquel que propone otro diferente pasa a ser un enemigo de la patria y del pueblo, un sujeto egoísta, inflamado de codicia y ambición, que busca su propio beneficio a expensas del de los demás. Y con el enemigo no se dialoga ni se buscan acuerdos. El imperativo es derrotarlo y destruirlo.A partir de estas premisas, la tentación de la violencia es una consecuencia casi inevitable. Primero la verbal, pero –si fuere necesario– también la física. Aparecen, entonces, los intentos de justificar su uso, bajo el alegato de estar defendiendo verdades incontrastables que conducen al bienestar del pueblo, sometido a los ataques de sus enemigos.La historia argentina abunda en ejemplos de estas conductas, llevadas a cabo por demagogos oportunistas, pero también por individuos bien intencionados que, al sentirse dueños de la verdad, encontraron legitimado ese camino. Incluso, el mito del "nacimiento de la patria" en 1810, a partir de un golpe de Estado cívico militar que no trepidó en usar la violencia como instrumento de acción política, ha servido de precedente legitimador de los numerosos golpes que hemos padecido, todos los que, sin excepción, invocaron el "ideario de Mayo" como el credo que inspiraba sus actos.El sofisma no carece de verosimilitud, pues si la patria nació de una asonada militar, todas las asonadas sucesivas están destinadas a hacerla renacer. Ello explica, quizá, la inveterada tendencia argentina a resolver los problemas surgidos en gobiernos constitucionales mediante el intento de derrocarlos a través del uso de la fuerza, tal como ocurrió, con suerte diversa, en 1861, 1874, 1880, 1890, 1893 (dos intentos), 1905, 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Es decir, un intento cada 12 años de vida constitucional.A esa plusmarca, digna del Guinness, podemos añadir otra. Desde 1930, ocho presidentes constitucionales han sido forzados a abandonar el cargo antes de la finalización de su mandato: Hipólito Yrigoyen, en 1930; Ramón Castillo, en 1943; Juan Domingo Perón, en 1955; Arturo Frondizi, en 1962; Arturo Illia, en 1966; María Estela Martínez de Perón, en 1976; Raúl Alfonsín, en 1989, y Fernando de la Rúa, en 2001. El período más largo transcurrido entre una y otra interrupción es de 13 años.Huelga recordar que la mayor parte de esos golpes y destituciones contaron con el apoyo –cuando no con la instigación– de importantes sectores de la sociedad, e incluso de partidos políticos democráticos y hasta de la Corte Suprema de Justicia.A tal extremo llegó el embeleso de los argentinos con los gobiernos de facto que los dos partidos políticos más importantes del país, la Unión Cívica Radical y el peronismo, se jactan de haber nacido de un golpe de Estado; aquel en 1890 y este en 1943.El doble patrón moral al que solemos mostrarnos afectos proporciona argumentos para demostrar que los golpes protagonizados por nuestros amigos estaban justificados. Un pueblo maduro, que ha asimilado las enseñanzas de la historia, sabe que la democracia no es producto de grandes hazañas, sino que se fragua en la paciente rutina de la cotidianidad. Y la madurez –del individuo y de los pueblos– se alcanza cuando los impulsos del corazón atienden a los argumentos de la razón. ¿Habremos madurado los argentinos?

*Escritor e historiador