La corrupción cuesta caro; la demagogia, también

E l accidente ferroviario que en febrero de 2012 se cobró la vida de 51 usuarios en la estación del barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, sin duda puede atribuirse a la negligencia, la imprudencia o la desidia del concesionario privado. Pero cuando salen a la luz los millonarios subsidios estatales recibidos, los vicios citados se convierten en corrupción, de manera lisa y llana. Con su consecuencia irreparable de pérdidas humanas y materiales, la corrupción nunca es inocua: tiene efectos concretos. Con la demagogia, pasa algo similar. Las medidas que deben necesariamente tomarse en una determinada coyuntura histórica o de gestión y no se afrontan, tarde o temprano se pagan. La gestión de Ramón Mestre viene enfrentando los onerosos costos de la arrogancia, la demagogia y la incompetencia de las tres últimas gestiones municipales.Arrogancia de Germán Kammerath, cuyo legado es el millonario proceso judicial denominado "caso Tecsa" –cuyo efecto puede compararse con una espada de Damocles de 200 millones de pesos que se cierne sobre el municipio– al que sólo el trabajo denodado de los abogados oficiales ha impedido hasta ahora su efectivización. La demagogia de Luis Juez y su memorable nombramiento masivo de personal (4.700 agentes al dejar su mandato), que hipotecó las finanzas municipales por los próximos 20 años. Finalmente, la incompetencia de Daniel Giacomino le costó a la ciudad la friolera de 100 millones de pesos anuales (de 2007 a 2011) para financiar a la estatal Tamse, y 70 millones en subsidios otorgados en los cuatro años de su gestión a las empresas privadas de transporte. Transitar la gestión municipal es una travesía de alto riesgo; cada trámite administrativo heredado es una caja de Pandora semejante al accionar de un aprendiz de brujo, aquel que desata fuerzas que después no sabe o no puede controlar. El senador Luis Juez nos sorprende nuevamente con su inagotable cantera de humor, negro en este caso. El chascarrillo que hoy nos ocupa es la noticia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirma el fallo adverso a la Municipalidad de Córdoba por el cual se la condena al pago de unos 130 millones de pesos en diferencias en el cálculo del boleto de 2004, al que habrá que adicionarle una más que considerable cifra correspondiente al rubro honorarios de los letrados de las empresas accionantes.Es un viejo recurso de la política lanzar al viento culpas sobre el pasado, la herencia recibida y cuantos otros pesares, pero en este caso es preciso someterse a la contundencia de las cifras y, con ello, a la verdad histórica. El lector, a esta altura, puede ir sumando: 200 millones de pesos de Kammerath (Tecsa); 150 millones (capital, intereses y costas) de Juez (sin mencionar el incuantificable costo salarial de 4.700 agentes extras, invalorable contribución a la ciudad del senador); y 470 millones (sin contar los millonarios desembolsos a Crese) de Giacomino al transporte.No se encuentra eximido de responsabilidad en este rubro Giacomino, quien otorgó millonarios subsidios a empresas privadas de transporte sin exigir que, como contrapartida, desistieran de los juicios iniciados. Y se incrementaría notablemente su responsabilidad si las auditorías que realiza de forma periódica el Tribunal de Cuentas llegaran a determinar que aquellas empresas beneficiarias de subsidios distribuyeron dividendos resultantes de los balances que coinciden con el mandato del exintendente (2007-2011).La demagogia nunca es insustancial; como la corrupción, tiene un costo cuantificable en cifras y, como lógica derivación, en servicios que se resienten o dejan de prestarse. Sus responsables deberán rendir cuentas ante la historia. Y presumo que en algún otro lugar también.

*Presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical