Inmigración y villas de emergencia

Aunque las villas de emergencia constituyen una dolorosa herida en la piel de nuestra sociedad, nos estamos acostumbrando a convivir con ellas. Más aún, parece que a nadie le preocupa su constante expansión. Pese a que la clase política compite por la defensa de "los que menos tienen", en los últimos años la realidad nos muestra que la cantidad de excluidos del sistema social no sólo no disminuye, sino que va en aumento. Y ese incremento se hace más palpable en las villas de emergencia.Más allá de la difícil realidad de quienes viven en las villas, lo dramático es el ritmo de crecimiento de estas en los últimos años, tanto en número como en cantidad de habitantes.En el relevamiento realizado en octubre de 2011 por la ONG Un Techo para mi País (hoy llamada Techo), se contabilizaron 517 mil familias viviendo en villas y asentamientos del área metropolitana, es decir, más de dos millones de personas que viven en condiciones de miseria y hacinamiento sólo en Capital Federal y en 32 partidos del Gran Buenos Aires.Se puede hacer foco en el problema de las villas desde dos ángulos. Uno, más importante que urgente, es poner en funcionamiento un plan masivo de construcción de viviendas sociales y de urbanización de los asentamientos. Se están entregando 3.750 viviendas por mes y con el Plan Procrear se intentará aumentar en cuatro mil mensuales en los próximos dos años. Pero necesitamos –al menos– llegar a 12 mil mensuales sólo para no aumentar el déficit.El otro enfoque –más urgente que importante– es evitar que las villas sigan creciendo con el ingreso de nuevos inmigrantes extranjeros. Me han dicho que hablar de esto es políticamente incorrecto.

No he podido obtener cifras totales en la Dirección Nacional de Migraciones, pero existe una marea incesante de extranjeros, muchos de los cuales terminan instalándose en las villas de emergencia.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, de las más de 440 mil radicaciones permanentes otorgadas en los últimos cuatro años, el 81 por ciento corresponde a inmigrantes originarios de Bolivia, Paraguay y Perú; y según el Cuaderno Nº2 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, agosto de 2012), el 85 por ciento se establece en el área metropolitana de Buenos Aires.

Si bien no todos se radican en villas, el Amba está recibiendo 175 mil nuevos inmigrantes por año, más los que ingresan sin solicitar su residencia en Migraciones.

Tampoco ha sido posible obtener estimaciones sobre la cantidad de indocumentados que se radica en el país.

El informe de Un Techo para mi País señala que en el 82,8 por ciento de las urbanizaciones informales “hemos observado la presencia de grupos migratorios provenientes de países limítrofes, en particular de Paraguay (55,3 por ciento) y Bolivia (32,5 por ciento)”, y advierte, posteriormente, que “en el 65,4 por ciento de las villas se siguen construyendo en la actualidad nuevas viviendas”.

Aunque las condiciones de vida en las villas están marcadas por el hacinamiento, la inseguridad y la miseria, los inmigrantes saben que van a contar con educación escolar para sus hijos, atención médica, televisión satelital gratuita, asistencia social, agua y servicio eléctrico sin cargo.

La Ley de Migraciones número 25.871, de 2004, y su decreto reglamentario número 616, de 2010, son los instrumentos que están permitiendo este flujo de personas, que sería bienvenido si tuviéramos para ofrecerles a los que ingresan algo más que incorporarlos a bolsones de pobreza.

A nadie se le ocurre pensar en establecer impedimentos discriminatorios contra los inmigrantes ni establecer procedimientos de zonificación, pero tampoco tiene lógica facilitar activamente el ingreso de pobladores con baja cualificación que, muy probablemente, van a pasar a incrementar el 24 por ciento de habitantes bajo la línea de pobreza que marca el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

“Hay una significativa distancia entre las ‘puertas abiertas’ a la inmigración, que se anuncian como política solidaria hacia los países vecinos, y la realidad con que esos inmigrantes se encuentran una vez adentro”, dice Luciana Malamud en una nota en el diario

La Nación

, de Buenos Aires, del 6 de febrero de 2011.

Sería maravilloso poder brindarles un abrazo solidario y ofrecerles puestos de trabajo a las comunidades de países vecinos que sufren limitaciones, pero eso es utópico, y más ahora que tenemos a un cuarto de nuestra población bajo la línea de pobreza.

Abrir las puertas en forma plena e irrestricta no favorece a nadie. Y admitir la expansión de las villas es sólo postergar la solución, tanto para los argentinos que viven en ellas como para los miles de hermanos bolivianos, paraguayos y peruanos ya radicados allí.

El caso paradigmático es la Villa 31. Cuando el actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo en 2007, tenía menos de 20 mil habitantes. Hoy tiene más de 45 mil almas –poco menos que Viedma o Villa Carlos Paz– y sigue creciendo a un ritmo trepidante.

¿No sería más lógico frenar la expansión y concentrar los recursos en ayudar a los que ya están instalados? La falta de puestos de trabajo y la baja cualificación laboral de muchos de los nuevos inmigrantes los condenará a ingresar en talleres clandestinos que utilizan mano de obra esclava. Eso constituye una grave falta a las políticas que protegen los derechos humanos.

De allí la necesidad de implementar políticas de Estado 
–aprobadas por todo el arco político– para consensuar un plan de ordenamiento territorial, entendiéndolo como la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica.

El ordenamiento territorial es una disciplina científica, administrativa y política que apunta al desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones y a la mejora de la calidad de vida a través de un concepto rector en la organización física del espacio.

La Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación ha desarrollado un “Plan estratégico territorial Argentina 2016”, que divide el país en 25 subregiones interconectadas por nueve corredores y alcanza a definir un “modelo territorial deseado”, pero sin evaluar el impacto de los flujos migratorios y sin alcanzar resultados palpables. Hay consenso sobre la necesidad de promover la inclusión social, entendida como el conjunto de políticas públicas y esfuerzos privados para integrar a sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación.

Si queremos promover esa inclusión social, necesitamos con urgencia un plan para reconvertir las villas y urbanizar los asentamientos.

Pero tengamos en cuenta que la actual política migratoria, lamentablemente, apunta en sentido inverso, ya que contribuye, sin quererlo, al incremento del número de excluidos en nuestra sociedad.