Hay que eliminar los derechos de exportación

El próximo 24 de agosto vencen 1.900 leyes delegadas al Poder Ejecutivo Nacional desde 1974. Los diputados y senadores, por falta de coraje o por conveniencia política, fueron renovando esas delegaciones con el remanido argumento de la emergencia económica.

La consecuencia de esas actitudes es la situación actual, la más grave para una democracia: el no funcionamiento de la división de poderes. En los próximos días, los legisladores tienen la gran oportunidad de revertir esa situación para empezar a reconstituir una gestión republicana de gobierno, que nos permita remontar la actual decadencia argentina.

Entre las funciones delegadas, está la del Código Aduanero, que es la que permitió fijar derechos de exportación (llamados comúnmente "retenciones") en forma discrecional e intempestiva. Si esa atribución vuelve al ámbito parlamentario, ningún funcionario se podrá arrogar la potestad de decretar que hay una "ganancia extraordinaria" y captar esa supuesta plusvalía, fijando el impuesto más distorsivo para el desarrollo geopolítico del país.

Al ser progresivo, el Impuesto a las Ganancias es el más justo para gravar las actividades de todos los ciudadanos; así, los pequeños productores no pagarían.

Nuestros representantes tienen la oportunidad de fijar posición sobre los derechos de exportación, si es que quieren terminar con la discriminación entre los diferentes sectores, entre las distintas regiones y sus habitantes. La eliminación nos permitirá cumplir con una de las principales normas fijadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) -a la que también adhiere el Mercosur-, que establece que las exportaciones no deben gravarse con impuestos.

Segmentación. La propuesta de la Federación Agraria Argentina, que avala los derechos de exportación con segmentación, desconoce, por empezar, el reclamo de la mayoría de los productores y de todas las fuerzas vivas del interior. Desconoce, también, el documento presentado por la Comisión de Enlace en marzo de 2009, en Córdoba.

Y pone en juego la precaria unidad de las entidades, vaciadas de contenido programático, visión, misión y una estrategia planificada para el mediano y largo plazo, que permita orientar a sus representados en un solo proyecto agropecuario y agroindustrial que no tiene por qué ser por unanimidad.

Con esas propuestas, siguen confundiendo a los pequeños productores con recetas de intervención del Estado en el negocio empresarial, que ya mostraron su fracaso. Parece que todavía no asumieron que no se debe cobrar un impuesto sobre la venta bruta, lo que es confiscatorio y anticonstitucional.

¿Cómo se puede proponer cobrarle un impuesto al productor chico y alejado del puerto, que está perdiendo plata, con el argumento de que se lo van a devolver después con lo retenido por los derechos de exportación, cosa que nunca será ecuánime y siempre genera corrupción?

Por todos estos argumentos, los productores, independientemente de la entidad a la que pertenecen, vienen reclamando desde marzo de 2008 la eliminación de los derechos de exportación para poder recuperar el derecho a la libertad, a la dignidad, al federalismo fiscal y a la independencia política de los dirigentes del interior.

Propuesta opositora. Mal que les pese a los dirigentes agropecuarios, la oposición tiene propuestas que están mucho más cerca del reclamo de los productores. Propuestas que no se hicieron para defender a los grandes sino porque se dieron cuenta de que lo que necesitan los productores son reglas de juego transparentes e iguales para todos. Ésa es la única forma en la que el país puede crecer al exportar en forma sostenida.

No necesitamos políticas que les saquen a los grandes para defender a los chicos. Necesitamos políticas activas para los pequeños productores, basadas en la educación y el conocimiento y en la integración horizontal y vertical, para que logren una escala que les permita competir en condiciones más parejas. No van a prosperar los chicos castigando al más grande. Se los defiende enseñándoles a trabajar en forma competitiva para insertarse en el sistema productivo de trabajo en redes, si queremos aumentar la producción de alimentos para exportar, atendiendo simultáneamente el mercado interno.

A la Comisión de Enlace no le queda mucho tiempo para fijar una posición formal sobre los derechos de exportación, rechazados por la mayoría de los productores. Las entidades que defiendan un modelo económico basado en la integración al mundo, la libertad y la dignidad de los productores tendrán que representarlos y pedir su eliminación y hacer una propuesta. Por ejemplo, cobrar una retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias y de otros tributos a fin de atender los problemas fiscales del Estado y, al mismo tiempo, identificar las operaciones de todos los cultivos.

Sería una retención -no un derecho a la exportación- a cuenta del Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable, con un bono fiscal intransferible. Y a quien no haya tenido ganancias, el Tesoro nacional se la devolverá en forma automática, sin distinción de tamaño. Se trata de un sistema directo, que no requiere crear ningún fondo ni más burocracia.