Hacia un cambio de paradigma

Un Estado justo es un Estado donde sus ciudadanos tienen las necesidades básicas satisfechas en vivienda, salud, educación y trabajo.

La función y la responsabilidad del Estado no es ser caritativo ni solidario. Porque la solidaridad es una categoría primitiva de la comunidad humana. Toda comunidad humana naturalmente es solidaria. Todos para vivir necesitamos de todos. Del quiosquero, del zapatero, del carnicero, del taxista, del médico, del panadero.

La única obligación que tiene el Estado con sus ciudadanos es la de ser justo. Es la de distribuir las riquezas del país entre sus habitantes. Pero no en subsidios sino en trabajo. Porque el trabajo es el único organizador social que nos permite crecer con independencia. Un pueblo subsidiado es un pueblo dependiente del que lo ofrece.

Pero lo más grave es que se fortifica la línea de pobreza, porque el subsidio no llega a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. Pero –eso sí– genera dependencia y esta dependencia no nos permite el ejercicio libre de la democracia porque siempre estamos condicionados y en deuda.

Más allá de la solidaridad. Nos hemos acostumbrado a un Estado solidario y lo hemos dispensado de su responsabilidad de distribuir la riqueza de todos de forma equitativa.

Debemos cambiar el paradigma de la política asistencialista para empezar a construir el paradigma de una política que nos permita la participación social para poder ser protagonistas de un destino común.

Por eso proponemos como política inclusiva que el Estado recupere la iniciativa en los planes de vivienda para que nuestras familias puedan contar con este organizador social que es la casa propia. La vivienda propia genera pertenencia a un lugar, relaciones sociales estables, participación comunitaria y construcción de ciudadanía.

Carecer de vivienda nos pone en el mundo en una situación permanente de exiliados y sin vínculos.

Entendemos a la vivienda y el hábitat urbano como el lugar que cobija espacialmente al ser humano y le permite la estructuración física, psíquica y social de su entorno y de su ser personal.

Cuando un Estado ofrece viviendas, como base fundamental de la política social, también ofrece salud, un ambiente adecuado para educar el fortalecimiento de la familia.

El programa de viviendas que se basa en la solidaridad es el de Cáritas Argentina, que busca la participación activa en la vida de las familias cuyos ingresos están por debajo del nivel de indigencia, y en aquellos con vulnerabilidad por situaciones de desempleo o marginalidad.

Este programa se materializa a través de Cáritas, y no del Estado que crea clientes y a veces favoritismo político.

Política de Estado. La realidad de la vivienda social en nuestro país está destinada a personas y familias de ingresos medios.

La vivienda tiene que ser política de Estado, es decir, idear un programa que subsista más allá de los gobiernos y que la provincia deje de depender de los planes de la Nación, ya que estos llegan de acuerdo a la disciplina del gobernador de turno.

Tenemos que cambiar el paradigma de la cultura de la vivienda social.

Según los datos, hay realidades que llevaron a que por 13 años no se han podido hacer viviendas en Córdoba.

Cuántas podríamos haber hecho con reglas de juego claras, sin politizar. Con cuotas más realistas pero mucho menos que un alquiler. Tenemos que generar una cultura de pago, sabiendo que si no lo hace, perjudica a las nuevas generaciones por esta actitud tan desaprensiva.

Por lo tanto tenemos que trabajar en un nuevo paradigma. Cuando es solidario lo entendemos, pero cuando es vivienda social que para seguir haciendo depende en parte del recupero de las cuotas. Necesitamos generar la cultura del pago.

Quiero que esta discusión sea el disparador de una nueva concepción de vivienda social hoy ausente en Córdoba, y convoco a todos a diagramar este nuevo paradigma: gobierno, oposición, actuales tenedores de viviendas y posibles adjudicatarios, etcétera.

Todos somos responsables de ofrecerles una solución a los cordobeses.

*Legislador de la provincia de Córdoba (UCR)