Gasto militar e inversión social

Muchos países, en particular en regiones en vías de desarrollo, siguen todavía privilegiando el uso de la fuerza militar. Mientras las economías de nuestro mundo se derrumban, la devastación ambiental se multiplica y la pobreza y la desigualdad aumentan, muchos gobiernos invierten más en armas que en sus propios pueblos. Esta política pública equivocada es una de las principales preocupaciones de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

El Banco Mundial estima que en 2005, 1.400 millones de personas (un quinto de la población mundial) vivían en la pobreza extrema. En América latina y el Caribe, el 8,2 por ciento de la población vive con menos de 1,25 dólar por día y el 17,1 por ciento con menos de dos dólares.

Los escenarios actuales revelan retos diferentes: focos de conflictividad y nuevas atrocidades cometidas contra civiles e inocentes en todas partes del mundo. Muchas de las violaciones de los derechos de las personas siguen siendo perpetradas por los mismos gobiernos elegidos para proteger a sus ciudadanos. Y muchas de éstas se cometen mediante el uso de armas de fuego que fueron adquiridas de modo legal y luego terminaron en las manos equivocadas.

Cifras demenciales. En 2009, los países del mundo dedicaron un total de 1,53 billón (un millón de millones) de dólares al gasto militar, del cual a América latina le correspondió gastar 57.400 millones, sin incluir los gastos en seguridad privada, la defensa civil y otros gastos discrecionales.

Además, muchas adquisiciones de armas ni siquiera están incluidas en el gasto militar, sino que usan otros fondos públicos "no presupuestarios", según el Sipri (Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, Suecia, 2010).

El gasto militar tiene un alto costo de oportunidad, desviando escasos recursos que deberían dedicarse a la educación, la salud, la creación de empleos y otras provisiones profundamente necesitadas por el pueblo. Tal uso desproporcionado de fondos públicos, en vez de aumentar la seguridad de los ciudadanos, los mantiene aún más vulnerables que nunca, porque la criminalidad no para de crecer.

El Banco Mundial, en su informe sobre las Oportunidades Humanas en América Latina y el Caribe (2010), indica que, aunque hubo progresos, los gobiernos de la región deben hacer mucho más para lograr el acceso universal a los servicios básicos, un proceso que al ritmo actual tardaría 24 años en lograrse, o sea una generación entera. Ese es un tiempo que no tenemos.

En América Central, en 2008, la tasa promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 29,3, con niveles nacionales que exceden 50 homicidios en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). La cifra es alarmante si se compara con el promedio mundial, que es de nueve homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, y de acuerdo a la misma fuente (Sipri), a la subregión centroamericana le tocó aportar en 2009 un 10 por ciento del total del gasto militar latinoamericano, lo cual también representa una suma exorbitante para una zona de las Américas en la que no existe conflicto armado alguno.

Esto demuestra que las estructuras políticas y sociales necesarias para alentar la paz y la convivencia no están funcionando y que los estados no cumplen con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

*Director Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica