Es necesaria la participación ciudadana

La crisis desatada en el Gobierno municipal de la ciudad de Córdoba deja al desnudo nuevamente que el apego de nuestros gobernantes a los principios de la ética republicana, la honestidad en el ejercicio de sus funciones y la prioridad de brindar un servicio publico a los ciudadanos por encima de sus intereses y ambiciones personales es la excepción y no la regla.

Las denuncias de corrupción que hoy pesan sobre una parte importante del gabinete municipal, incluido el propio intendente, no son patrimonio exclusivo del mestrismo. El kirchnerismo y el delasotismo tienen su propia colección de denuncias y causas en la Justicia.

No es casualidad que la gente haya naturalizado la idea de que la corrupción es inherente a la función pública. Se lo debemos a una clase política que, detrás de un sistema de aparente alternancia partidaria, ha garantizado los acuerdos tendientes a mantener un statu quo que no ponga en riesgo ni los intereses de los poderes económicos más concentrados de Córdoba ni el de los sectores más poderosos de los partidos tradicionales, impidiendo la irrupción de fuerzas políticas nuevas y distintas que hagan de la justicia social, la honestidad y la transparencia una bandera innegociable.

Es imprescindible para la salud de nuestra joven democracia que la Justicia actúe con celeridad, esclarezca los hechos y castigue a los responsables.

Pero para hacer madurar nuestro sistema democrático, no basta con reclamar honestidad y decencia a los gobernantes y exigir justicia: tenemos que garantizar la independencia de poderes y fortalecer el papel de las minorías, así como generar y consolidar herramientas institucionales de participación real y efectiva de la ciudadanía en el funcionamiento del Estado y mecanismos de control donde esta tenga un rol protagónico.

En la etapa de la preeminencia de las ideas neoliberales en nuestro país, los partidos gobernantes en nuestra provincia y también en la ciudad llevaron adelante sendas reformas a la Constitución provincial y a la Carta Orgánica Municipal.

En el período de gobiernos de Eduardo Angeloz, se modificó la Constitución de modo tal que se garantizaba la mayoría en las cámaras (senadores y diputados provinciales) al partido ganador de las elecciones.

En 2001, el gobernador José Manuel de la Sota, con la excusa de que era necesario achicar el gasto publico, profundizó aun más el criterio restrictivo de la participación de las minorías, al volver a modificar la Constitución y eliminar la representación bicameral de la población e imponer un reparto de las bancas legislativas que en las últimas elecciones le permitió, por ejemplo, con el 43 por ciento de los votos, garantizarse el 70 por ciento de los legisladores.

Lo mismo pasó en 1995, con la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba, que en forma automática adjudica la mayoría en el Concejo Deliberante –16 de los 31 ediles– a la lista más votada, aun cuando la diferencia fuera de un solo voto.

Las organizaciones democráticas y progresistas, que entienden la necesidad de gobernar este país sobre la base de los principios de la ética, la honestidad y la vocación de servicio, como único modo posible de lograr una democracia que sea capaz de resolver los problemas de la gente, deben impulsar una reforma profunda de las instituciones del Estado en procura de mayor transparencia, control y efectividad.

Una reforma que garantice la representación proporcional de las minorías en correspondencia con los resultados electorales, de modo tal de evitar la formación de mayorías automáticas en los poderes legislativos, que obstaculizan el debate, la pluralidad de ideas y la real independencia de poderes.

Es necesario reformular los mecanismos de asignación presupuestaria para el Poder Judicial, y el de nombramiento de magistrados para garantizar una real independencia de la Justicia, a fin de que puedan ejercer el control del ejercicio de la función pública sin condicionamientos económicos, políticos ni funcionales.

Una reforma que contemple la posibilidad de recurrir a instrumentos de democracia semidirecta como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular y/o la revocatoria de mandatos, no como un mero enunciado de buena voluntad, como hoy prevén los ordenamientos constitucionales, sino que deben estar claramente reglamentados y deben ser de carácter vinculante, de modo de promover la utilización de estos mecanismos que facilitan la participación real por parte de la población.

Con herramientas como estas no sólo ganaríamos en transparencia y efectividad por parte del Estado; seguramente tendríamos más y mejores servicios públicos de educación, salud, agua, energía y transporte, y se habrían evitado obras inútiles e improductivas en nuestra provincia.