Emergencia del servicio eléctrico

Transcurría diciembre de 2012 en Mar del Plata cuando, ante nuevos cortes de energía eléctrica, el dirigente del Luz y Fuerza José Rigane denunció: "La historia se repite igual que el verano pasado, debido a la falta de políticas serias y permanentes para el sistema eléctrico nacional". El sindicalista agregó: "Mientras se sigan aplicando políticas energéticas mediocres que sólo sirven como negocios para unos pocos, la solución para millones (de usuarios) también será mediocre".A principio de este mes, el Gobierno nacional reconoció finalmente las irregularidades e ineficiencias crónicas que presenta el servicio público de energía eléctrica. Admitió de manera explícita que hubo unos dos mil cortes de luz sólo en el área del Gran Buenos Aires.Si bien el ministro de Planificación, Julio De Vido, salió a reconocer esa cifra de afectados –infinitamente inferior a la real–, terminó culpando a otra previsible ola de calor.Más allá de fastidiosos padecimientos de los usuarios argentinos, quedó en evidencia una total incapacidad de previsión respecto de elementales tendencias ecológicas y demográficas, así como una plena desaprensión respecto de esenciales programas de inversión para mantenimiento y expansión, tanto como de obvios planes de contingencias. Todo esto, al fin y al cabo, no es otra cosa que la ausencia inexcusable de toda regulación, control y sanción conforme lo previsto en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. De ese modo se alimentan, explican y predicen protestas diversas de ciudadanos y contribuyentes, cansados y agobiados por tanta anomalía y mancillamiento de su dignidad humana.Entonces, está largamente justificada una formal declaración de emergencia en la prestación y distribución del servicio eléctrico por parte de empresas concesionarias, bajo supervisión de los entes y agencias reguladoras.El Estado nacional deberá desarrollar y financiar sin demora todas las políticas públicas tendientes a asegurar la mejor atención de este vital servicio eléctrico. Puede hacerlo contratando generadores a otros países (sin arrebatárselos a las provincias) y adoptando medidas que permitan aumentar la capacidad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica a todos aquellos hogares donde este suministro está en crisis. Multiplicación de problemas. Como la mayoría de los argentinos sabemos, el suministro de energía eléctrica en los últimos años no ha podido prestarse de forma tal que asegure confiabilidad a los usuarios, lo que se agudiza en épocas estivales. Cortes prolongados, pérdidas materiales, lucros cesantes, reclamos de vecinos (en especial de enfermos, niños y ancianos que habitan edificios altos), son ya una constante. Las cooperativas eléctricas, que prestan servicio en todo el interior del país, compran la energía al Estado y, cuando este no puede satisfacer su propia demanda, les termina restringiendo y a veces cortando el suministro del principal insumo. Estos y otros problemas específicos acreditan y justifican la urgente necesidad de declarar la emergencia eléctrica nacional, emergencia que ya cuenta con sobrados antecedentes nacionales.A todas luces, será irrazonable esperar otro enorme apagón y sus perjudiciales consecuencias como el que originó la sanción y promulgación de la ley 24.999 (defensa del consumidor, daños y perjuicios) o el más reciente de noviembre de 2012, que derivó en otra sanción millonaria a las empresas Edenor y Edesur.Finalmente, la ausencia irresponsable de planificación e inversión en infraestructura eléctrica, como la ineficiencia y complicidad del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Enre), evidencian las peores similitudes entre la denostada década de 1990 y los tiempos presentes.