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El Zócalo, mensaje para Argentina

Policías, alcaldes, ejército. Fuerzas de seguridad ­impotentes, indiferentes, cómplices, criminales o una imaginativa ­combinación de todo ello. El narcoestado.

30 de noviembre de 2014 a las 12:02 a. m.
Fernando Iglesias*
El Zócalo, mensaje para Argentina

Un amigo mío dice que para gustar de México, hay que cruzar la barrera del propio prejuicio, y que eso lleva tiempo. Yo llevo acá unos días, así que aún no la pasé y se nota. Es que México, confieso, nunca me interesó demasiado. Demasiado calor. Demasiada desigualdad. Demasiada baldosa rota hasta en el Zócalo. Demasiada tragedia. Murales demasiado grandes. Pero cuando saqué el pasaje para asistir a la primera reunión de la red antimafia latinoamericana, estaba aceptablemente entusiasta, curioso y feliz.Después, la reunión se aplazó, cuando se reveló la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, lo cual avanzó de manera considerable la agenda de contactos para la campaña contra el crimen organizado en la que trabajo, y decidí que valía la pena venir.

Hechos y versiones

Nunca me interesó demasiado México, pero esta marea de ­gente que ahora marcha hacia el Zócalo para pedir justicia por los estudiantes desaparecidos tiene un mensaje para la Argentina que vale la pena escuchar.

Los hechos son conocidos y te­rribles. Hace dos meses, en Iguala, Estado de Guerrero, 43 estudiantes de un centro de formación de maestros rurales con alto nivel de politización desa­parecieron sin dejar rastros.

Los “normalistas”, como se los llama, habían llegado desde Ayotzinapa para recaudar fondos para sus actividades polí­ticas. Fueron detenidos por la Policía Municipal por orden del alcalde y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los hizo desaparecer. Según algunos, convencidos por la propia Policía de que eran una avanzada de Los Rojos, un clan rival. Hace años que sucede. Es la primera vez en esta magnitud, pero hay un lento goteo de sangre todos los días en México. ¿Cinco? ¿10? ¿20 por día?

“El Gobierno reconoce 22 mil muertos –explican Carla y Alberto, militantes de una organización de lucha contra la trata– pero los desaparecidos son muchos más. Sesenta mil entre muertos y desaparecidos, dicen algunos. Y es probable que tengan razón”. Un panorama desolador.

Para peor, la búsqueda de los normalistas reveló la existencia de seis fosas clandestinas. Con toda probabilidad, sólo la punta de un estremecedor iceberg. Pero Carla y Alberto encuentran un punto donde sostener su optimismo: “Es la primera vez que los mejicanos toman conciencia de la gravedad de la situación, y se declaran hartos. Acaso sea el principio de algo que valga la pena”, se ilusionan.

La culpa, ya se sabe, no es de nadie. El presidente Enrique Peña Nieto clama la inocencia de su gobierno y su partido, ­denuncia el habitual “plan de ­desestabilización” y recuerda que los sospechosos (40 policías de Iguala y ocho miembros de ­Guerreros Unidos) han sido ­detenidos.

Por su parte, el progresista y opositor Partido de la Revolución Democrática señala que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue expulsado no bien se supo lo sucedido. Pero secuestrar y acaso matar a 43 chicos de unos 20 años no es cosa simple. Requiere armas, organización y cobertura. Y mucha gente implicada en el operativo. Que la Policía local fue por lo menos cómplice, es innegable. Pero, ¿qué hay de la Policía Federal y del Ejército, uno de cuyos cuarteles más grandes se encuentra en la región?

“Lo sucedido es parte de una represalia de un sector del Ejército contra el presidente Peña Nieto por haber permitido la revelación, hace unos meses, de la existencia de fosas comunes. Desde hace años, el Ejército mejicano realiza operaciones de limpieza antinarco cuya existencia el Gobierno conoce pero no controla, y lo de las fosas amenaza dejar al Ejército fuera de juego, y a muchos oficiales, fuera de los beneficios económicos de tener el poder de decidir quién vive y quién muere”. El que habla, por supuesto, lo hace

off the récord

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¿Posible? Consulto con mis amigos de las organizaciones 
de la sociedad civil. Todos creen que se trata de una versión que el propio gobierno hace circular. Ninguno la considera imposible. Uno cree que es la verdad, y nada más que la verdad. Policías, alcaldes, ejército. Fuerzas de seguridad impotentes, indiferentes, cómplices, criminales, o una imaginativa combinación de todo ello. El narcoestado. No parece el mejor de los ejemplos para quienes proponen la militarización de la lucha contra el crimen organizado.

En tanto, la marcha convocada por los estudiantes de la Universidad Autónoma de México comienza de a poco. Con amplia mayoría de organizaciones estudiantiles y de izquierda. Y luego aumenta. Mujeres y hombres jóvenes, casi todos. Estudiantes, y ciudadanos. Como una crecida. Como un largo río entubado por el vallado de metal puesto por la Policía, que la conduce directamente hasta 
el Zócalo.

Unidad en la lucha

No sé nada sobre México, pero comprendo algo de Latinoamérica y Argentina. Esto no da para más. El crimen organizado ha desbordado las fronteras y está rompiendo nuestras sociedades y amenazando a la misma democracia. México avisa. Los chi­cos y la gente de el Zócalo tienen un mensaje para la Argentina.

El mensaje es este: hay un punto de no retorno, o de retorno casi imposible. El punto de no retorno es el narcoestado, la forma de organización social en la cual el límite entre Estado y mafia se ha diluido del todo. Policías, autoridades, fuerzas de seguridad, mafias y bandas criminales trabajan en conjunto hasta que son lo mismo.

Nunca me interesó dema­siado México, pero aún menos esperaba encontrarme a la ­Argentina por aquí. Fuerzas armadas y de seguridad acusadas. Desa­parecidos. Los chicos que cantan el argentinísimo: “Que lo vengan a ver...” al ­presidente Peña Nieto. Y, sobre todo, otra consigna que –pese a ligeras modificaciones– interpela nuestro pasado nacional: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.

Y bien, ¿no son estas las nuevas formas del genocidio? ¿No piden a gritos la inclusión de la criminalidad organizada en el Estatuto de Roma, es decir, entre los crímenes perseguibles por la Corte Penal Internacional? ¿No exigen, en caso de imposibilidad, la creación de una Corte Penal Latinoamericana que proteja los derechos humanos persiguiendo y castigando los crímenes tipificados por la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, a la que han adherido la mayoría de los países latinoamericanos?

Son preguntas retóricas, ­pero la cuestión es central: ¿avanzará la unidad latinoamericana, finalmente, no por la vía de la cooperación político-económica sino por la 
de la lucha contra el crimen ­organizado?

“¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América latina?”, cantan los chicos en la plaza. “Tenemos la ilusión de ver de nuevo a los 43”, dicen los padres desde el palco. Vuelvo al hotel. En la TV, sigue sin verse casi nada de la marcha. Un solo canal transmite en directo. En el Zócalo, un grupito de narcos, o de provocadores, tira piedras contra la Policía. Hay gases, cohetazos, molotov, palos, corridas. La Policía desaloja el Zócalo. Hace rato que se ha puesto el sol.

*Periodista, exdiputado nacional