El verdadero trasfondo de la cuestión previsional

El gasto previsional es el principal componente de los presupuestos de todos los estados modernos. Representa al menos un tercio de las erogaciones totales. Además de su gran peso, no es como cualquier otro gasto, ya que tiene “vida propia”: las modificaciones que se realizan en el presente perduran a lo largo del tiempo, afectando las decisiones de ingresos y gastos de distintas generaciones.

Sin embargo, pese a la sensibilidad de la cuestión, el sistema previsional argentino fue modificado radicalmente en dos oportunidades en apenas 15 años. En 1994, se crearon las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones –AFJP–, que fueron estatizadas y disueltas en 2008.

A pesar de su diametral diferencia en la búsqueda de objetivos, en ambos casos primó la lógica “fiscalista” por sobre la cuestión de la seguridad social, y los cálculos actuariales serios brillaron por su ausencia.

Matices tácticos. Lamentablemente, la discusión que se acentuará a partir de esta semana –con el reinicio de las actividades en el Congreso Nacional– sobre la posibilidad de elevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil y el ajuste del resto de los haberes está nuevamente teñida por matices tácticos por sobre lo estructural.

Si se mira al sistema previsional como una unidad cerrada, sus inconvenientes se tornan evidentes. Los aportes y las contribuciones suman el 21,17 por ciento del salario que se paga. Ello implica que para pagar el 82 por ciento a todos los beneficiarios harían falta casi cuatro aportantes por jubilado. Hoy existen 2,5 trabajadores por beneficio que se paga, pero como el trabajo informal es del 40 por ciento, esa cifra se reduce en la realidad a sólo 1,5 activo por pasivo.

Aportes y rentas. La reforma propuesta conlleva mayores erogaciones por unos 35 mil millones de pesos anuales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibe fondos de rentas generales más allá de los aportes personales y contribuciones patronales, es decir, provenientes de impuestos, que no sólo le permiten afrontar sus obligaciones sino que la tornan superavitaria.

Por ello, si nos alejamos del análisis de lo previsional para centrarnos en la cuestión fiscal, tendríamos que preguntarnos si el Gobierno nacional puede usar otras fuentes no previsionales para cubrir los recursos que hacen falta.

La respuesta es afirmativa, ya que los ingresos del Estado –medidos como porcentaje del producto interno bruto (PIB)– constituyen un récord. Por ejemplo, el monto de subsidios mal asignados, el programa Fútbol para Todos y los aportes para Aerolíneas Argentinas sobrarían para solventar la propuesta para los jubilados.

Dos temas clave. Sin embargo, hay que contemplar dos cuestiones adicionales. La primera es que la holgada situación fiscal actual no es perdurable en el tiempo.

El superávit se sustenta en factores coyunturales, como la inflación (vía aumento de precios, mayor carga por el no ajuste por inflación de los balances y el financiamiento a través de la emisión monetaria), los altos precios internacionales de las commodities (materias primas) y los impuestos surgidos durante la emergencia económica (2001-2002) y que aún se mantienen vigentes.

La segunda es que, en un mundo en el que la esperanza de vida se eleva y la tasa de natalidad se reduce, los sistemas previsionales enfrentan claros desafíos financieros a futuro. Y lo que hoy puede ser accesible, mañana no lo será. Europa es un ejemplo de este problema.

Resulta claro que se debe avanzar en una recomposición de los haberes que retribuya el esfuerzo realizado por nuestros mayores y que cumpla con lo dictaminado por la Justicia.

Para poder hacerlo, tenemos que reasignar el gasto público, ver cuáles son los niveles que resultan atendibles financieramente a través del tiempo y trabajar con seriedad en la formalización de los seis millones de trabajadores “en negro”.

Por más que pase inadvertido en los argumentos que se esgrimen, en el fondo de la discusión se encuentran la determinación de las prioridades adecuadas para el gasto público y la manera de atenderlas de modo sostenible para no caer en las crisis tantas veces sufridas.

Sólo con un diagnóstico acertado se puede alcanzar una solución correcta. Las decepciones del pasado nos brindan experiencias más que suficientes para no volver a cometer los mismos errores.