El radicalismo carece de autoridad para criticar

Si tenemos en cuenta un artículo publicado en estas mismas páginas el 28 de marzo, “El peronismo carece de autoridad para democratizar la Justicia”, posiblemente el que encabeza el presente no revista mucha originalidad.

Podríamos haberlo intitulado, por ejemplo, “En todas partes se cuecen habas”. Pero no está en nuestro ánimo refutar la argumentación de Raúl Faure, uno de los más prolíficos escribas del centenario partido, que en cuanta oportunidad tiene hace gala de un ferviente antiperonismo, sino sólo formular algunas reflexiones sobre una necesidad imperiosa: el mejoramiento de la Justicia.

El término “democratizar la Justicia” tal vez no sea una expresión de lo más feliz, pero sin duda engloba un cúmulo de problemas, situaciones y necesidades a desentrañar para lograr el objetivo de acercar la Justicia a la gente común.

No alcanza con cuestionar que los jueces, fiscales y ciertos funcionarios del Poder Judicial no tributen Ganancias; hay que revisar no sólo el proceso de selección y elección sino también el concepto de permanencia en las funciones, puesto que por diversos motivos, las tareas que desempeñan son bastantes distintas del resto de los empleados públicos que gozan igualmente de estabilidad. Quizá sería conveniente pensar en algún sistema de evaluación periódica.

La accesibilidad de la Justicia es otro aspecto a considerar. Por lo menos en Córdoba, la Justicia no es sólo lenta, sino también cara. Tasas de justicia, aportes a la Caja de Abogados, pago de edictos y por distintos servicios judiciales impiden o por lo menos dificultan que los sectores humildes puedan contar con las mismas posibilidades de litigar que los más pudientes.

Hay otros temas que también deben ser analizados y revisados. El funcionamiento de los jurados populares y los procesos de mediación como están hoy diseñados, la excesiva carga de trabajo de los juzgados de Familia y Violencia Familiar, las funciones de los juzgados de Conciliación y asesores letrados, y hasta el financiamiento de los colegios profesionales, aunque esto no les resulte simpático a algunos colegas.

De lo que sí estamos seguros es que “democratizar la Justicia” no es tener un Poder Judicial afín al Ejecutivo de turno. En esto sí coincidimos con el artículo mencionado.

Mirada retrospectiva. El suscripto, por una cuestión de edad, no tuvo la suerte de vivir los dos primeros gobiernos peronistas y, por lo tanto, las referencias a esos tiempos son sólo históricas, surgidas de lecturas o de comentarios de protagonistas de la época.

Si Juan Domingo Perón descabezó la Corte Suprema de Justicia y defendió sólo a uno de los jueces protegidos por la Iglesia Católica, debió haber evaluado que ese ministro tenía las condiciones para seguir en funciones.

No todos los jueces y funcionarios designados en esa época deben de haber sido despreciables. De hecho, en mis años de estudiante de Derecho tuve como profesores en materias como Derecho Romano o Internacional Público y Privado a doctores de la talla de Silvino Pautasso, Celestino Piotti y el mismo Juan Carlos Maqueda, hoy ministro de la Corte, y exfuncionarios del Poder Judicial, que luego de los golpes de 1955 y 1976 tuvieron el mismo destino de persecución que se le achaca al peronismo.

Recuerdo, en cambio, algunos hechos más recientes referidos a la vida institucional del país y de la provincia en relación con el Poder Judicial. Y no porque me los hayan contado, sino porque los viví como protagonista.

No hay dudas de que el peronismo cometió errores, como la Corte menemista, cambiada y mejorada por otros gobiernos también peronistas. Pero en el retorno de la democracia, en el fuero Federal y en particular en la Justicia ordinaria de Córdoba, sólo se cambió la cabeza del Poder Judicial, mientras que continuaron la mayoría de los funcionarios designados durante el Proceso –donde no había peronistas– y que convivieron en muchos casos hasta nuestros días “tabicados” con los gobiernos constitucionales posteriores.

En la Nación, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y mediante el pacto con el entonces titular del Partido Justicialista (de uno de los sectores), senador Vicente Saadi, se acordó que los reemplazos y designaciones en la Justicia Federal en las provincias gobernadas por el justicialismo (que eran mayoría en 1983 y mucho más a partir de 1987) se harían nombrando los jueces a propuesta de la UCR y los fiscales a propuesta del PJ, y en las provincias gobernadas por el radicalismo, todos a propuesta del partido de gobierno.

¿Y en casa?. En Córdoba, todos los magistrados, funcionarios y hasta los jueces de paz fueron designados por la UCR "a propuesta" del entonces gobernador Eduardo Angeloz, probablemente de una forma mucho más democrática que en los gobiernos peronistas, con quienes bien o mal funciona el Consejo de la Magistratura, no habiéndose designado –salvo algún miembro del Tribunal Superior– ningún juez "a dedo" en los últimos 14 años.

Recordamos, inclusive, a muchos funcionarios de la administración radical, sobre todo de apellidos compuestos, que pasaron por los tres poderes del Estado; todos probos, sin duda.

El caso más llamativo fue el del presidente del Tribunal Superior de Justicia, que dejó de forma momentánea ese cargo para presidir la Convención Constituyente de 1986, la cual habilitó la reelección del entonces gobernador.

Es más, tan democrática era la Justicia en Córdoba, que permitió posteriormente una nueva re-reelección, prohibida por la Constitución sancionada cuatro años antes. Por suerte, y aunque mucho tiempo después, el entonces perpetuo gobernador reconoció el error.

En el último gobierno radical, y por influencia del ultrademocrático exintendente –interventor de Corrientes–, fueron designados los funcionarios de la Justicia Electoral que perduran hasta nuestros días.

Hasta en el ámbito municipal, la Justicia de Faltas fue inconfundiblemente democrática en los 16 años del radicalismo. El intendente Ramón Mestre –padre–nombró a todos jueces partidarios y el intendente Rubén Martí, en un acto superador, antes de irse utilizó “el sistema democrático del dos por uno”: dos camaristas radicales y uno peronista, cuatro jueces de Faltas radicales y dos peronistas.

Lo mismo hizo con los secretarios, aunque no así con los 1.200 empleados municipales que efectivizó en 1999.

Como aclaramos al principio, no está en nuestro ánimo ofender a nadie, pero recuerden, amigos radicales: “en todas partes se cuecen habas... y por su casa, a carradas”.