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El presente y el futuro financieros de la Municipalidad de Córdoba

Otra vez la gestión del intendente Daniel Giacomino vuelve a poner su propia agenda por encima de los intereses de los ciudadanos que habitamos esta ciudad. Ramón Mestre.

10 de agosto de 2011 a las 12:01 a. m.
Ramón Mestre (Candidato a intendente por la UCR)
El presente y el futuro financieros de la Municipalidad de Córdoba

En virtud de una serie de desaciertos institucionales del actual gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, me veo en la obligación de advertir a los vecinos que será difícil y laboriosa la tarea de administrar un Estado municipal que en los últimos años, lamentablemente, ha extraviado el rumbo en relación con sus fines. Otra vez la gestión del intendente Daniel Giacomino vuelve a poner su propia agenda por encima de los intereses de los ciudadanos que habitamos esta ciudad. Lo hizo en su oportunidad al introducir al municipio en una mecánica electoral para la cual no estaba preparado de modo adecuado, obligándonos a concurrir en comicios separados en relación con la elección provincial, cuando en la ciudad de Córdoba habita aproximadamente el 40 por ciento del padrón provincial.Y el intendente vuelve a introducir su propia agenda por sobre las necesidades y prioridades de los vecinos, fruto de la improvisación y la falta de consenso de sus acciones, al obligar a gran parte de los contribuyentes al pago adelantado de impuestos aún no devengados ni declarados, con el objetivo proclamado –al menos públicamente– de financiar las elecciones convocadas en fecha separada de los recientes comicios provinciales.La falta de razonabilidad es clara cuando percibimos que los contribuyentes debieron anticipar al Estado municipal una porción de las contribuciones de los cinco meses siguientes, es decir que corresponden a un compromiso fiscal tan incierto que aún no fue determinado porque el hecho imponible todavía no ocurrió; es decir, se está gravando el futuro.La ausencia de institucionalidad se observa en que esta acción se funda en una norma de carácter resolutivo a nivel de la Dirección General; es decir ni el intendente ni los funcionarios jerárquicos son, al parecer, capaces de asumir los costos formales de la medida. Comprometer el futuro. La impronta introducida en relación con gravar el futuro de nuestra Municipalidad se está transformando en un rasgo de la administración saliente. Se compromete el futuro de los vecinos y del Estado municipal cuando se imponen anticipos de contribuciones a cuenta de compromisos tributarios futuros, sin explicar en detalle y de manera responsable su destino, así como los mecanismos que garanticen su aplicación según el destino previsto. Se compromete el futuro de los vecinos y del Estado municipal cuando, lejos de administrar en forma racional los recursos financieros de que se dispone y articular programas coherentes de gestión de las políticas, se despliegan iniciativas alejadas de la responsabilidad fiscal y el orden administrador.Se compromete el futuro de los vecinos y del Estado municipal cuando la gestión actual inmoviliza fondos sin explicar el sentido ni el objetivo de esa medida, mientras se sugiere que existe un dilema de hierro entre afrontar el día a día de los pagos de salarios y afrontar las deudas contraídas con débil titulación, a la par que se afirma que la situación financiera no es ni alarmante ni comprometida.A los ciudadanos de Córdoba, les digo que debemos estar alertas y prestos para lograr que el municipio vuelva a ser el Estado de todos los habitantes de la ciudad, no de los que tienen la posibilidad de servirse de él. Debemos ser capaces de devolver a la Municipalidad el rumbo en relación con sus fines, en el cual la agenda se construya como política de Estado para dar respuesta a las prioridades de los vecinos y no a las prioridades de los funcionarios.Para ello, es indispensable conocer la verdad sobre la situación financiera y económica del municipio. Como la verdad no es propiedad de nadie en particular, impulsaré –en caso de ser elegido intendente– la ejecución de una auditoría administrativa, contable y financiera con organizaciones reconocidas de la comunidad, que permita a la ciudadanía conocer las cifras reales de los compromisos que se deberán afrontar en los años siguientes.