El poder y los poderes

La crisis de gobernabilidad planteada en Ecuador, con riesgo cierto de que el continente asistiera a un nuevo golpe de Estado, desvió por unas horas el foco de la atención y colocó en un segundo plano a los conflictos internos. La fuerte embestida del Gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia es instrumentada por una batería de acciones que van desde el recorte presupuestario hasta los insultos lanzados por Hebe de Bonafini. Además de presionar a los jueces para que dicten fallos favorables al oficialismo, cada vez queda más en evidencia que el objetivo de la pareja presidencial es también lograr la renuncia de algunos magistrados. Que se vayan. Carlos Zannini, el poderoso secretario de Legal y Técnica de la Presidencia que dijo: "Nosotros pusimos a esta Corte para otra cosa", tendría en la mira a tres integrantes del tribunal. Las fuentes que lo admiten prefieren no apresurarse con los nombres, pero reconocen que hay enojo con el presidente Ricardo Lorenzetti y que el histórico Carlos Fayt, 92 años, designado por el gobierno de Raúl Alfonsín, hace rato que debió irse. Todos recuerdan que Néstor Kirchner afirmó que fue Clarín quien en junio de 2009 le hizo perder las elecciones por dos puntos en la provincia de Buenos Aires. En el mismo imaginario del ex mandatario, y para evitar que en 2011 le suceda lo mismo, está la idea de acallar a los medios críticos. Por eso necesita con urgencia que comience a regir el plazo de desinversión de un año para los grandes medios de comunicación, previsto en la Ley de Medios. A pesar de que esa norma ya fue reglamentada y puede aplicarse en otras cuestiones, el artículo 161 que se refiere a aquel plazo está suspendido por un recurso a consideración de la Corte Suprema. La información periodística señala que el tribunal, con el voto favorable de seis de sus integrantes, admitirá el recurso y ese artículo no podrá instrumentarse hasta que se trate la cuestión de fondo. Pero mientras no se dé a conocer el fallo, la suspensión también se mantiene. Ambas cosas irritan al Gobierno, que quiere celebrar su victoria sobre el periodismo indócil y no lo consigue."Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder", decía Montesquieu, uno de los padres del pensamiento político, cuando escribió El espíritu de las leyes, en 1748. Si el Ejecutivo no acata el control de la Justicia y subordina al Legislativo, se pone en riesgo la libertad de los ciudadanos. Si a eso se agrega que la inseguridad apremia, la inflación es persistente y los problemas siguen vigentes, el matrimonio Kirchner deberá remontar una empinada cuesta para conservar el poder. Temores y desconfianzas. En ese empeño por imponer a cualquier precio su voluntad, el kirchnerismo no reconoce límites. Avanza sin importarle los temores y desconfianzas que despierta en la esquiva clase media, en los empresarios que quieren seguridades y reglas de juego claras y hasta en los sectores del trabajo alineados en la centroizquierda que, se supone, están comprendidos en el discurso oficial. Una prueba es lo sucedido en la elección de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que nuclea al gremialismo que se opone a la CGT de Hugo Moyano. El resultado adverso en la CTA demuestra que desde allí se piden hechos y no sólo palabras. La Presidenta, ridiculizando y despotricando contra un juez por la red Twitter y todo el simbolismo que eso tiene; las palabras de Hebe de Bonafini convocando a tomar el Palacio de Justicia y llamando "turros" a los magistrados; el refugio político brindado al ex guerrillero chileno Sergio Apablaza Guerra y el deterioro de la relación con el país trasandino fueron imágenes de la semana, que hasta los propios comunicadores del kirchnerismo lamentaron. "Hay que parar de ahuyentar votos", advirtió uno de los encuestadores oficiales, cuyas mediciones muestran una fuerte resistencia a los modos desconsiderados con que se expresa el Gobierno nacional.