El país “normal” que nos dejan

Este 2015 puede ser un año bisagra que marque el final de un ciclo que comenzó en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder levantando dos banderas importantes. La primera fue la de convertir a la Argentina, después de décadas de vivir en estado de excepción permanente, en un país normal. La segunda apuntaba –también después de mucho tiempo de frustraciones en este sentido– a terminar con la corrupción.

Lo cierto es que, 12 años después, ninguna de estas dos ideas centrales parecen haberse conseguido. La Argentina es hoy, quizá más que nunca, un país donde la normalidad brilla por su ausencia y cada día aparecen nuevos escándalos que salpican a funcionarios del Gobierno nacional.

Por supuesto, es importante aclarar que la corrupción de ninguna manera es un patrimonio de la Argentina ni de los países de la región, sino que forma parte de la naturaleza humana.

En todo el mundo, este tipo de hechos se repite desde siempre. Lo grave, entonces –o, mejor dicho, lo más grave– no es que estas situaciones se den en la Argentina, sino que no haya herramientas eficaces para evitarlas y que, cuando ocurren, rara vez haya consecuencias reales. En la Argentina, nadie va preso por corrupción.

Desde 2013, por el contrario, se ha producido en España una sucesión de detenciones de alcaldes y exalcaldes, legisladores y funcionarios –sobre todo pertenecientes al gobernante Partido Popular–, que demuestran lo que he dicho en el párrafo anterior: la corrupción existe en todas partes, pero en los países normales, al corrupto se lo busca, se lo encuentra y se lo sanciona.

No sirven las excusas. No se trata de que el combate contra las conductas ilegales en los dirigentes es posible sólo en los países desarrollados o centrales. También existen ejemplos más cercanos que pueden servirnos de despertador: los recientes escándalos ocurridos en Chile –el llamado “nueragate”– y en Guatemala –fraude aduanero–.

En el primer caso, la presidenta Michelle Bachelet no sólo alejó del centro de decisiones a todos los involucrados (para que la Justicia pueda actuar con libertad) y tuvo la valentía de pedir disculpas en público, sino que poco después, para refrescar su gestión, exigió la renuncia a todo su gabinete.

En el caso del país centroamericano, la reacción fue igual de clara y contundente: la vicepresidenta sospechada presentó su renuncia de manera inmediata. Las dos situaciones muestran algo que aquí parece no ser comprendido. Dar respuestas no es signo de debilidad, sino de fortaleza.

En la Argentina, sucede todo lo contrario. Tanto en las reiteradas imputaciones que han recaído sobre el vicepresidente Amado Boudou como en el caso del fiscal Alberto Nisman, las respuestas a las sospechas han sido la burla y el ataque destemplado, cuando no el manifiesto desprecio por la Justicia y sus instituciones.

Ningún cambio. Ninguna señal de ponerse a disposición. Ninguna cara seria que deje traslucir que el Gobierno sabe escuchar los mensajes y está dispuesto a corregir lo que sea necesario.

A raíz de esto, en muchos sitios –también en la Argentina– ha comenzado a cundir la idea de que, ante las señales de anquilosamiento de un sistema lleno de falencias, es menester destruir el sistema. Así, han comenzado a proliferar espacios que parecen refugiarse en la comodidad de lo “no político” y pretenden que la solución esté en algo que se parece peligrosamente al anarquismo.

En esa línea está el “que se vayan todos” de 2001 y la denuncia permanente a “la casta política”, que los españoles de Podemos utilizan como centro y raíz de todas sus propuestas.

Estoy convencido de que no será una utopía antisistema la que nos saque de esta situación. El sistema tiene que ser remozado. El sistema tiene que ser corregido y mejorado. Pero para lograrlo, no es necesario destruir las instituciones. Hace falta, sí, preparar mejor a nuestros dirigentes, elegir mejor a nuestros gobernantes y poner en marcha reformas que desalienten las conductas corruptas y premien las virtuosas.

La experiencia histórica nos muestra que cuando triunfan las ideas de grupos como La Cámpora, en nuestro país, o Podemos, en España, la corrupción no termina ni disminuye. Sólo cambia de manos.

* Abogado, docente de la Universidad Siglo 21, miembro de Civilitas-Esperanza Federal.