"El Estado soy yo"

La famosa frase atribuida a Luis XIV –"El Estado soy yo"– no pretende ser una analogía; es sólo un recurso literario para demostrar de manera acabada las enfermedades de nuestro sistema democrático. El intendente de la ciudad de Córdoba y su peculiar manera de concebir al municipio y sus recursos, que son públicos y no privados, merece una crítica profunda, que se puede realizar desde una perspectiva tanto ética como legal. La práctica de tomar los bienes públicos como patrimonio personal se generalizó y ya nadie se alarma porque, por desgracia, la sociedad la acepta con resignación. Por ejemplo, cestos de residuos y contenedores colocados en las principales arterias por la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) llevan agregado el eslogan "Intendencia Giacomino". ¿Por qué nadie condena que quien está al frente del Departamento Ejecutivo municipal abuse de su poder y coloque su nombre en todos y cada uno de los cestos y contenedores que se colocaron en los últimos días? ¿Acaso el intendente usó dinero de su bolsillo para esa propaganda sobre su figura? Más allá del aspecto ético, obviamente reprochable, la Carta Orgánica municipal, en cuya sanción participé como convencional constituyente, establece que no se puede utilizar otro símbolo para la identidad de la ciudad que el escudo oficial de Córdoba. Esto, por supuesto, no es una disposición arbitraria y sin fundamento. Como toda norma seria, tiene un propósito definido, que es el de propiciar la separación entre Estado y gobierno; entre lo que es de todos y lo que es de unos pocos; entre la propaganda política y la publicidad oficial, etcétera. Cada gestión tiene su eslogan y símbolo, pero ellos no deberían reemplazar a lo que nos identifica a todos como vecinos de la ciudad de Córdoba. A medida que pasan los años, existe un uso abusivo de este supuesto derecho de cada gestión, que llega a este absurdo de poner el nombre del intendente en los bienes municipales. Sacar las pérgolas. Por otra parte, el debate que se suscitó en los últimos días sobre la iniciativa para retirar las pérgolas de la histórica peatonal del centro de la ciudad de Córdoba responde a la misma lógica. Bajo el argumento de que la Policía y Bomberos habían recomendado a la administración municipal sacarlas, se decidió retirarlas en forma arbitraria e intempestiva. En mi opinión, el Departamento Ejecutivo debe consensuar ese tipo de acciones, por el hecho de que para gran parte de la sociedad cordobesa son un símbolo. Creo que hay que reacondicionar y embellecer el centro cordobés, pero con la necesaria participación de los sectores involucrados. Sospechosa fue la actitud del intendente, que, a cinco meses de dejar su cargo, pretende avanzar con una medida sin discusión ni debate previo. Otra vez, como si la histórica pérgola estuviese en el patio de su casa y él pudiese sacarla cuando quisiera. El mismo procedimiento, la misma lógica, usado para demoler la ex Casa de las Tejas; la misma lógica por la que el Gobierno municipal y Crese intentaron el desembarco de Innviron en esta ciudad. No hace falta buscar ejemplos en Europa y Estados Unidos, sino simplemente cruzar el Río de la Plata o la Cordillera de los Andes para encontrar países con características similares, pero con un respeto por lo público y las leyes. Lo lamentable sería que los ciudadanos de Córdoba nos resignemos a aceptar este tipo de prácticas y a concebirlas como elementos naturales de la política; es decir, "naturalicemos" las prácticas corruptas. Es imprescindible el castigo y el control social para desalentar las acciones que van en contra del bien común, y también es imprescindible el apoyo social para alentar expresiones políticas y sociales que no tengan complicidad con la decadencia de nuestra ciudad.