¿El cambio que sigue?

La sanción de la Ley Orgánica de Ministerios número 8.468, que ratifica el decreto 2.565, del 10 de diciembre del corriente año, es inconstitucional. La reiteración del procedimiento demuestra el escaso valor que el Poder Ejecutivo provincial otorga al Poder Legislativo, convertido en la escribanía de sus desmesuras de poder. Imposible negar un resultado electoral contundente y la facultad del gobernador de ordenar su administración. Pero esto no habilita a postrar las decisiones que deben emanar de una ley –no de un decreto– que debata con amplitud y severidad el instrumento de gobierno.Se suponía que "el cambio que sigue" respaldaba el "aprendizaje" y el valor de "escucharnos más. Todos. Entre todos" y, además, "asumiendo con seriedad y respeto la misión de gobernar. Pero sin imponer". No ha sido así. Decreto, luego ley, mayoría absoluta, hecho consumado y la institucionalidad bastardeada.Esta ley marca el destino orgánico, económico, judicial, social, cultural, entre otros, de todos los cordobeses. He aquí la cuestión que emana de una decisión que crea un Estado elefantiásico, donde se confunde mucho con mejor.Además, el costo no se reduce al esquema de reasignar lo que ya hay en el Presupuesto. La demanda será mayor y la austeridad quedará como una entelequia de campaña. El pago del compromiso eleccionario y la aspiración de una candidatura presidencial cierran perfecto con esta estrategia onerosa. Hay historia. En el comienzo de su gestión, José Manuel de la Sota recibió un gobierno con 75 mil empleados. Hoy, esa planta orilla los 150 mil en su conjunto y con un Estado más reducido. Lo que sigue. Hay detalles dignos de atención: las superestructuras. La Jefatura de Gabinete, con una centralización de funciones y poder que podrá manejar los excedentes de un falso presupuesto, con premios y castigos según sea el color político partidario. El Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento, una concentración osada si uno ve las consecuencias de una estructura más pequeña pero no menos dudosa –la Agencia Córdoba de Inversión y el Financiamiento–, que comprometió una deuda que supera los 20 mil millones de pesos. Sólo un tercio destinada a obra pública y el resto a rentas generales, según el estudio del economista José Abraham, y con el manejo de Horacio Miró, un hombre de perfil bajo, pero ladero consecuente del gobernador.En " el cambio que sigue", aparece otra vez el ideólogo del entramado de créditos externos. A modo de advertencia, este organismo todavía no pudo, no supo o no quiso aclarar los nombres de las consultorías que, hasta 2008, se llevaron una suma aproximada a 600 millones de pesos.El Ministerio del Agua, con el cual el Gobierno descubre, después de 12 años, el problema hídrico de la Provincia.Hay más, obvio, pero para muestra bastan tres botones. Lo que viene. Otro detalle es el sentido de oportunidad de ampliar un Estado cuya simplificación (eran ocho ministerios al comienzo del gobierno de De la Sota) dejó expuesto un ciclo de desmanejo, dilapidación y corrupción que presionó fuertemente sobre la economía y la institucionalidad de la Provincia. El argumento del costo político, que le permitió despojar de federalismo al interior provincial sepultando la bicameralidad, no agregó institucionalidad sino, por el contrario, defeccionó por la laxitud de controles y el apoyo de alguna Justicia cómplice.El aumento de la planta política y pública desvirtuó aquel ahorro para transformarse en un voluminoso incremento del gasto público. Nadie puede aventurar que "el cambio que sigue" no se prolongue en estos episodios. El actual marco económico puede resultar peligroso y asfixiar a la administración.La deuda flotante supera los 3.300 millones de pesos; la de la Caja de Jubilaciones y el déficit para el próximo año, si no hay acuerdo en ambos casos, es un condicionante más allá de la irresponsable actitud de la Nación. El costo de mantener el Estado en funcionamiento es de 70 millones por día.En este escenario, ¿es razonable incrementar el rojo con una ley que exigirá, según José María Las Heras, legislador del Frente Cívico y Social, un incremento del gasto en el orden del 40 por ciento?"Si yo tuviera recursos, lo resolvería, claro que lo resolvería", afirmó el gobernador sobre los actuales conflictos sociales. Pues bien. Aumentar la partida para el Centro Cívico en 63 millones de pesos, para la readecuación de la vivienda del gobernador y la construcción de un helipuerto, no es un detalle de sobriedad. O pagarle cuatro millones de pesos a la ineficacia e incapacidad arquitectónica que no previó detalles imprescindibles en la nueva Terminal de Ómnibus sin hacer prevalecer el Fondo de Garantía, tampoco.En tanto, el jefe de Gabinete esgrime la falta de fondos para recomponer los salarios del personal del Estado. Entre aquella afirmación, esta decisión y los hechos mencionados hay, como mínimo, una falta de sintonía. ¿O no? Evitar el derrape. Un ejemplo de que el problema no es más ministerios es el reclamo de las empresas constructoras que hablan de una deuda de 500 millones de pesos. Cuando cobran, lo hacen en certificados que descuentan en el Banco de Córdoba, por el que reciben el 90 por ciento de su valor –a propósito, una fuente consultada asegura que muchas veces el Estado no se hace cargo de esos compromisos que deben ser renovados por los tenedores– o en cuevas privadas, percibiendo el 50 o el 60 por ciento del valor nominal.Pregunto si nadie se cuestionó cómo hace una empresa para perder ese porcentaje sin quebrar, a no ser que ese monto sea pagado como sobreprecio de la obra pública. Y si hay sobreprecios, ¿cómo se reparten y a quiénes benefician?En síntesis, De la Sota ha querido emular la experiencia brasileña, sobre la que tiene saudades . Pero el gobernador no es Lula da Silva ni menos Dilma Rousseff. Por el contrario, el actual mandatario no ha podido salir de la burbuja de capricho inexplicable que se ha impuesto como conducta.Hay un Estado ausente para garantizar el bien común y ello es notorio en el transcurrir diario. La solución no es aumentar los ministerios y generar una corriente de gastos evitables. Es mantener seriedad en el manejo de las finanzas públicas."El cambio que sigue", eslogan del gobernador en campaña, sirvió para ganar una elección con una diferencia que no admite atenuantes. Pero, cuidado, es nuestro rol como oposición advertir sobre consecuencias que pueden hacer que la Provincia sea impredecible e imprevisible.Si su posición se sostiene en "el cambio que sigue", le recomendamos que trate de no errarlo en esta vertiginosa velocidad por la voracidad del poder y el dinero, porque cuando tengan que hacer un rebaje en la primera curva, pueden destrozar la "caja". Y así, tal vez, pierda el control y choque la Provincia.