Una brújula para la economía

Un grupo de diputados opositores denunció a la presidenta Cristina Fernández y al secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, entre otras autoridades, por la adulteración de estadísticas públicas y el consiguiente daño producido en la economía y ante la comunidad global. El vértigo de la agenda política y económica apenas otorgó a esta noticia la vigencia de 24 horas, pero el dato es grave y merece un cuidadoso análisis y una respuesta sensata por parte del Gobierno nacional.

Desde 2007, cuando Moreno tomó el control del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la respuesta a este tipo de planteos ha sido el manual que usa el kirchnerismo ante cualquiera advertencia. Primero, se desacredita al que interpela a las autoridades, sea un núcleo de legisladores, grupos golpeados por una tragedia –el accidente de Once o la inundación de la ciudad de La Plata– o multitudes que reclaman respeto por derechos elementales, como justicia y libertad. El segundo paso está a cargo de los parlanchines oficiales que acuden a todo tipo de juegos de palabras, insinuaciones o provocaciones, más del estilo de los barrabravas que de un funcionario o legislador oficialista.

Por último, cuando la realidad termina por superar al relato oficial, se insinúa una solución, que forma parte del doble discurso kirchnerista, porque nunca se aplica o se distorsiona a la hora de cumplir la promesa formulada.

Por su importancia, la falta de un índice creíble de precios implica haber perdido la brújula de la economía, ya que sin una referencia cierta sobre cuál es el nivel de inflación –y, por ende, el valor de la moneda de un país– no se pueden tomar decisiones de compra, venta, inversiones, negocios, etcétera. Esto sumerge en la incertidumbre a los agentes económicos e impacta en el nivel de actividad, con más desempleo.

¿La inflación de abril, por caso, fue del 0,7 por ciento, como relevó el Indec; de 1,5 por ciento, según la medición de las consultoras privadas expresada en la llamada “inflación Congreso”; o de dos por ciento, como registró el flamante índice de precios al consumidor (IPC) de la ciudad de Buenos Aires? Entre una punta y otra, hay una diferencia de casi 300 por ciento en la medición de los precios.

La economía no es una ciencia exacta, pero necesita conocer cuál es el comportamiento real del mercado para que el Estado arbitre las distorsiones y tienda a un mayor equilibrio. Nada de eso parecen comprender los funcionarios que han prometido ahora que habrá un nuevo IPC nacional a fin de año.

Más allá de la descalificación, de la respuesta irresponsable, el Gobierno debe comprender la gravedad de lo que se denuncia y asumir la tarea de reconstruir el indicador que actúa como una brújula para tomar las decisiones que permitirían salir del actual estancamiento.