Un plan ambicioso

Con la puesta en marcha del sistema de cobertura universal de salud (CUS), el Gobierno nacional acaba de dar un paso en el intento de subsanar errores en materia de asistencia sanitaria en la Argentina. El objetivo declarado es racionalizar el manejo de los fondos que mueven las obras sociales sindicales y los distintos prestadores privados. También se pretende revertir el cuadro de situación en los hospitales públicos provinciales, para lo cual la Nación se compromete a inyectar fondos en las obras sociales y en los propios centros estatales de atención, de modo de cerrar un esquema que garantiza la atención plena de las personas que carecen de cobertura.Conforme con lo anunciado por el presidente Mauricio Macri, el pasado martes, la reforma del sistema de salud implicará derivar partidas presupuestarias a los centros de salud pública y el pago de fondos adeudados a las obras sociales, retenidos desde hace años, más por razones políticas que de caja.Se trata de un ambicioso intento por universalizar la atención sanitaria a la población. Para ello, según lo anunciado, se otorgará una credencial por cada paciente del país y se vigorizará un esquema que posibilitará el acceso a las historias clínicas de los ciudadanos que se atiendan en los hospitales públicos, a quienes se les dará cobertura incluso para tratamientos por patologías de alta complejidad, siempre según el anuncio oficial.Más allá de los resultados que tenga el programa, no se debe soslayar un tema enrevesado, como es el referido a la faz económica. El Gobierno nacional dijo que restituirá los fondos a las obras sociales sindicales, que estaban frenados en una cuenta del Banco Nación desde hace años, lo cual agitaba los reclamos y la ira de los jefes sindicales.Los dineros retenidos por la anterior gestión surgen del aporte del 15 por ciento de los fondos para obras sociales de todos los trabajadores, que va al Fondo Solidario de Redistribución.Se estima que unos 2.700 millones de pesos pasarán sin escala a las obras sociales, lo cual amerita un prudente control del destino de esas partidas, a fin de que no vayan a engordar otras cajas sindicales. También se deberá monitorear el manejo de los ocho mil millones de pesos que el Estado invertirá en los hospitales de órbita provincial, para que se vuelquen sin intermediaciones burocráticas a la cobertura anunciada.Siempre serán bienvenidas las iniciativas para mejorar el sistema de salud. Pero la financiación debe ser transparente, y hay que tener en cuenta que nada resultará sencillo sin el compromiso de todos los sectores: los gobernantes, las empresas de medicina prepaga, los médicos y los sindicalistas.