Un hotel y muchos interrogantes
El Gobierno de la Provincia debe despejar con datos y explicaciones creíbles las sospechas que crecen en torno del megaemprendimiento turístico en la localidad de Miramar.
Las fuertes sospechas de irregularidades que se ventilan en torno de la construcción del Ansenuza Hotel Casino, a orillas de la laguna de Mar Chiquita, en la localidad cordobesa de Miramar, no fueron debidamente disipadas por el arco oficialista en la Legislatura ni por las dependencias pertinentes de la Provincia. Los principales interrogantes de la oposición radican en la exuberante diferencia económica que surge de los cálculos presupuestarios originales y lo que habría costado finalmente esa obra, inaugurada en noviembre pasado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota.Las dudas son entendibles y deben ser salvadas: el lujoso complejo que se construyó con fondos de la Lotería de Córdoba (es decir, con dineros públicos) insumió una inversión de 336 millones de pesos, casi seis veces más que el cálculo inicial, que rondaba los 50 millones de pesos.La Justicia de la provincia de Córdoba (en particular, el fuero Anticorrupción) ha sido laxa en los últimos años respecto de la investigación de casos de presunta corrupción administrativa en el Estado, por lo que muchas veces las denuncias se canalizan desde la Legislatura.Sin embargo, la bancada de Unión por Córdoba dio una muestra de intolerancia durante la sesión del pasado miércoles, cuando, sin mediar debate, optó por mandar al archivo el pedido de informes que había presentado el legislador Aurelio García Elorrio sobre el hotel en cuestión.No aportaron al esclarecimiento del tema los argumentos y las cifras que difundió de manera tardía la Lotería de Córdoba acerca de las diferencias abismales de costos del hotel.Tampoco conformaron a la oposición las explicaciones que ensayó en el recinto caldeado el legislador oficialista Manuel Calvo, quien durante la anterior gestión provincial ocupaba el Ministerio de Infraestructura.A la hora de enumerar los datos, el episodio del Ansenuza Hotel deja más interrogantes que certezas. No encaja en el terreno de la lógica que se haya cerrado un contrato de concesión con un operador privado que pretende 650 mil pesos mensuales (vale reiterar, fondos públicos) para mantener en funcionamiento el hotel.Ese convenio debe ser cortado de cuajo, más allá de que es imperativo dar respuesta a otros interrogantes: ¿el Estado cordobés está en una situación financiera holgada como para embarcarse en un emprendimiento hotelero, mientras se podan partidas destinadas a áreas asistenciales sensibles, como el Paicor, o cuando se conoce que la propia Lotería de Córdoba Sociedad del Estado destina módicos remanentes de su recaudación al área social?Estas y otras incongruencias deberían ser analizadas con seriedad y espíritu solidario, de la misma forma que es inapelable despejar con explicaciones creíbles las sospechas que se levantan sobre el hotel de Miramar.
