Retorno de la violencia barrabrava

Una vez más, como un tema recurrente, las hazañas de las barras bravas del fútbol vuelven a ocupar las primeras planas de la información. En esta ocasión, se trata del asesinato de un ex líder de la hinchada de Newell´s, atribuido a los feroces enfrentamientos internos en ese club. Días atrás, sucedió lo mismo con un fanático de Rosario Central, además de las peleas también intestinas de simpatizantes de Estudiantes de La Plata, con su secuela de heridos y disturbios que obligaron a la intervención del gobernador de Buenos Aires, y la muerte de un hincha de Defensa y Justicia, en una aparente lucha por el control de la hinchada. La violencia en las hinchadas de fútbol es un mal crónico que sobrevive a todos los esfuerzos: aumento de los controles y policías en las canchas, avances tecnológicos para la identificación, cámaras ocultas, derecho de admisión. No hay por qué dudar de la buena voluntad o las intenciones de quienes adoptan esas medidas. Pero la impotencia para frenarla muchas veces lleva a decisiones exageradas e insólitas, por decir lo menos, que rozan derechos individuales básicos, como la prohibición de ingreso de hinchas visitantes, que aún sigue vigente en la Primera B Nacional. Es el viejo método de cortar la pierna por una uña encarnada. Es decir, someter al conjunto de los hinchas a medidas incómodas, odiosas y hasta vejatorias, por culpa de un grupito de violentos que no se puede -o no se quiere- individualizar y castigar. Muchas veces se ha hablado del complejo entramado en el que sobreviven esos fanáticos desnaturalizados. Investigaciones periodísticas serias han puesto de relieve los vínculos que unen a los cabecillas de estos grupos con algunos directivos inescrupulosos que, en ciertas y determinadas circunstancias, los usan para prestar servicios no muy santos, como amenazar a jugadores o tranquilizar a opositores. El sentido común permite suponer, pues, que no sería difícil individualizarlos y controlarlos si directivos, fuerzas de seguridad, de la Justicia y otros poderes públicos actuaran con fuerza, decisión y en forma coordinada contra ellos. Pero si los directivos son los primeros en gestionar la libertad de los barrabravas detenidos, si la Policía revisa a estos y "hace la vista gorda" con otros y la Justicia se lava las manos, como ocurrió con el cierre de la causa contra tres hinchas de River denunciados por su presunta participación en la denominada "batalla de los quinchos", las soluciones no llegarán. Es necesaria una fuerte decisión política que, por desgracia, tarda demasiado en adoptarse y se diluye en comisiones, comités de seguridad y controles compulsivos que no hacen ninguna distinción entre inocentes y culpables y, por lo tanto, sólo producen magros y efímeros resultados. Hasta que la historia vuelve a empezar.