Otro apriete a los jueces
Si en una manifestación sindical se cometieron delitos, la Justicia debe investigarlos y dictar la sentencia que corresponda, sin presiones.
La vieja técnica del "apriete" -entendida como presión indebida e, incluso, ilegal contra las personas, las instituciones o entidades de cualquier tipo- tiene hoy mucha difusión en la Argentina, en desmedro del orden público, la seguridad y la convivencia civilizada.
Hace unos días, un centenar de estudiantes pretendió impedir la elección del rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la asamblea de claustros debió sesionar en otro lugar. El miércoles pasado, una manifestación de gremialistas y activistas estatales rodeó el edificio de Tribunales II, en Córdoba, con el objeto de presionar a los jueces que deben decidir sobre el planteo de la defensa de un grupo de sindicalistas imputado penalmente. Los ejemplos se extienden hasta el infinito, ya que hechos similares ocurren casi a diario.
Lo ocurrido en Córdoba fue realmente inquietante, ya que estuvieron presentes los dos máximos dirigentes del gremialismo -los secretarios de la CGT, Hugo Moyano, y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky-, como para que quedara bien claro que el "apriete" a los jueces de la Cámara de Acusación contaba con el respaldo pleno del sindicalismo.
El tribunal tiene que considerar la decisión del fiscal Enrique Gavier de enjuiciar a 18 activistas gremiales que participaron de la violenta jornada de protesta del 20 de agosto de 2008, a los que acusó de los delitos de intimidación pública, daños calificados y resistencia a la autoridad.
En esa oportunidad, un grupo de manifestantes intentó copar la sede de la Legislatura provincial e impedir la sesión que iba a tratar el proyecto de ley de emergencia jubilatoria -elevado por el Poder Ejecutivo-, que disponía un recorte en las jubilaciones superiores a seis mil pesos mensuales.
Lo más grave no fue ese intento, sino los métodos que se utilizaron para llevarlo a cabo, que incluían el uso de esa especie de morteros o lanzagranadas de fabricación casera con los que, en las manifestaciones callejeras, se lanzan al aire explosivos que provocan ruidos ensordecedores y daños de distinta magnitud.
Durante la recordada jornada de agosto de 2008, esos morteros caseros fueron dirigidos a los policías que custodiaban la Legislatura, no al aire, con lo cual hubo situaciones de alto riesgo. Además, el grupo más violento de los manifestantes destruyó parte de la plaza San Martín y atacó en forma gratuita a innumerables negocios.
Intimidación pública, daños calificados y resistencia a la autoridad son delitos que debe investigar la Cámara de Acusación, o en su defecto la Justicia Federal, ya que, según algunos testimonios, en aquella protesta se utilizaron bombas molotov, lo que -de comprobarse- constituye un delito de jurisdicción federal. La Justicia debe seguir, pues, investigando a fondo este episodio, sin "aprietes" de ninguna naturaleza.
