Nuevo zarpazo a la libertad de prensa
Como bien lo han señalado Adepa y otras entidades, el establecimiento de cupos para la importación de papel para diarios constituye otro duro ataque a la libertad de expresión y una violación a la Constitución Nacional.
L a Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) alertó sobre los graves riesgos que plantea para las libertades de prensa y de expresión la decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de imponer controles para el acceso al papel para diarios y revistas.
No es para menos, ya que se hace cada vez más evidente que el kirchnerismo ha reafirmado su objetivo estratégico –digno de mejor causa– de debilitar e incluso acallar a la prensa independiente, en especial a los diarios que no le son adictos o que tienen una posición crítica sobre algunas de sus políticas. El nuevo avance contra estas libertades fundamentales consiste en establecer cupos para la importación de papel, lo que puede ser utilizado como herramienta de presión editorial o censura indirecta, como bien lo señalan Adepa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras instituciones. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dictó hace unos días una resolución que reglamenta la ley sancionada en diciembre por el Congreso Nacional, con el voto de la mayoría oficialista, que declara de interés público la producción, importación y comercialización de papel, que es el principal insumo de los medios gráficos del país. Esa norma obliga a Papel Prensa –empresa mixta con mayoría accionaria de capital privado– y a los propios medios de comunicación a inscribirse en un registro especial y además fija cupos para la compra e importación de papel, actividades que desde la década de 1950 eran totalmente libres.
La aplicación de estas nuevas disposiciones estará a cargo del controvertido secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, quien parece haber adquirido el rango de un superministro. La intención no puede ser otra que condicionar a los medios que mantengan miradas críticas sobre el accionar gubernamental. Llama la atención el apuro con que se aprueban estas normas y se toman estas decisiones. Está claro que se quiere evitar la profundización del debate público sobre este tema que interesa a todos los argentinos y que crea sospechas en el exterior. Había que aprovechar el verano y las vacaciones, en particular este mes de enero, para provocar un rápido desenlace de la cuestión. Y ello ocurre mientras la presidenta de la República está de licencia, aunque todo lo actuado cuente con su anuencia. Pero las reacciones no se han hecho esperar. A las declaraciones de Adepa y la SIP se suman las del Comité de Protección de Periodistas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y partidos políticos y bloques parlamentarios de la oposición. Por su parte, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni consideró que "la mejor ley de medios en cuanto a contenidos es la Constitución Nacional", aunque aclaró que la diversificación de medios es un tema distinto.
Lo que sucede es que las medidas comentadas –como el avance sobre Papel Prensa y el establecimiento de cupos de importación– tienden a cercenar el principio de la libertad de expresión y acallar la prensa independiente y no a diversificar los medios de comunicación.

