Los beneficios de combatir el fraude
Un control interno adecuado por parte de las compañías y una legislación más severa ayudarían a combatir el fraude en las empresas, que termina impactando en los precios y en la inflación.
Las discusiones respecto de las políticas públicas giran, por lo habitual, en torno del gasto del Estado, la emisión monetaria y el tipo de cambio adecuado para promover las exportaciones y combatir las importaciones que impactan en el mercado interno.
Todo esto enmarcado en la necesidad de tener una política económica que apunte a la estabilidad; en definitiva, al control de la inflación, que es la variable que más repercute en el nivel de vida de una sociedad y en las posibilidades de crecer en forma sustentable.
Las cíclicas crisis que sufre la Argentina han llevado a poner la atención en los puntos mencionados, colocando en un segundo plano otras acciones relacionadas con la microeconomía y que también ayudarían a mejorar los costos y, por ende, el bienestar general.
Una de esas acciones factibles es combatir el fraude que se registra en las empresas y el Estado. Si bien este fenómeno no sólo se expande en el país, lo preocupante es que, durante 2013, tres de cada cuatro compañías argentinas sufrieron algún tipo de fraude o daño.
Los datos fueron difundidos por la consultora de riesgos Kroll, que realizó su reporte anual de fraudes con base en el trabajo de la Unidad de Inteligencia del grupo periodístico británico The Economist . Participaron en la muestra 901 ejecutivos, 14 por ciento de los cuales provenía de Latinoamérica.
El 75 por ciento de las empresas argentinas reconoció haber sufrido algún tipo de daño, entre los cuales sobresalieron el robo de mercaderías, que afectó al 42 por ciento de las firmas consultadas; el robo de datos informáticos, que impactó en el 21 por ciento de las empresas, en tanto el 45 por ciento declaró haber sido víctima de algún tipo de fraude por parte de sus proveedores.
Como sucede en el mundo, la corrupción y el soborno aumentaron en nuestro país. A nivel global, las compañías afectadas pasaron del 11 al 14 por ciento. En cuanto a las expectativas, el 92 por ciento de los empresarios argentinos se manifestó más vulnerable al fraude que 12 meses atrás.
El extenso trabajo alude también a cómo la corrupción desalienta la radicación de grandes firmas económicas, en especial en mercados de América latina, África y la India.
Está claro que en los delitos mencionados, la gran tarea para corregirlos está en manos de las empresas, que deberán intensificar sus controles internos. Pero tales hechos se incrementan porque las penalidades y trámites judiciales que se exigen para su castigo se prolongan en el tiempo y facilitan que se diluya la responsabilidad de los autores del fraude.
Si las compañías mejoran su organización interna, estarán produciendo un ahorro importante en sus costos, pero el Estado es responsable de desalentar esta práctica, que va a contramano del esfuerzo cotidiano que realizan millones de argentinos.
