La Justicia, el único camino
Es fundamental que el juez Ariel Lijo trabaje sin presiones políticas ni periodísticas en un caso tan relevante como la investigación que tiene como objeto los actos del vicepresidente Amado Boudou.
La situación de sospecha que pesa sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou –y que derivó en su comparecencia en la Justicia como imputado–, tiene consecuencias institucionales, políticas y jurídicas de enorme relevancia. No es para menos: por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente en funciones debe dar explicaciones en los Tribunales por la presunta comisión de un delito de corrupción. En este caso, en el marco de la investigación por el polémico proceso de salvataje y posterior apoderamiento de la empresa Ciccone Calcográfica.El foco de atención estuvo puesto en la declaración indagatoria que prestó Boudou el pasado lunes ante el juez instructor Ariel Lijo. Pero es oportuno señalar que se trata de un expediente complejo, que demandaría varias semanas antes de que el magistrado resuelva la situación procesal de todos los acusados.Mientras tanto, es necesario que la resolución de este resonante episodio que sacude a la opinión pública se desarrolle con la transparencia e imparcialidad que debe primar en la Justicia, sin presiones ni injerencias de ninguna índole sobre la tarea que debe cumplir el juez.El aporte que puede hacer el propio Boudou a esta regla es dejar actuar a la Justicia y no apuntar a un sector del periodismo como factor de sus infortunios o acusarlo de inventar conspiraciones palaciegas para perjudicarlo.En rigor, es la profusa carga probatoria (según se desprende de la pesquisa de la causa) la que debe ocupar al vicepresidente en el ejercicio de una adecuada defensa.Otro punto que siembra controversias es la negativa de Boudou a pedir licencia en el cargo, una conducta que podría modificarse, sin embargo, si el juez dicta su procesamiento.Es en este pasaje de la escena donde sorprende el silencio de la presidenta Cristina Fernández en relación con la caída en desgracia de su vice. Hay que remarcarlo: ella fue quien tomó la decisión personalísima de convocar a Boudou para compartir la fórmula presidencial en las elecciones de octubre de 2011, que determinaron su reelección en el más alto cargo político del país.Las sospechas de una matriz de corrupción que se han instalado desde hace tiempo en la sociedad merecen explicaciones, también, desde lo político e institucional.El asunto de la eximprenta Ciccone no es el único expediente que complica a Boudou en la Justicia. Se trata, incluso, de un incipiente avance de los Tribunales contra funcionarios nacionales y empresarios que terminaron enriquecidos al amparo de un poder cómplice y generoso.En un caso de gran resonancia pública e institucional, es imperativo que el juez ejerza su autoridad para obrar al margen de las influencias y que resuelva el destino de los imputados basado en actos jurídicamente intachables.
