La desesperación por legislar

En los últimos meses, la presidenta Cristina Fernández impuso a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación la obligación de sancionar proyectos que son claves para la organización y el desarrollo del país y cuyos efectos pueden ser muy significativos. Lo hizo, inclusive, exigiendo una velocidad en su debate en el seno de las comisiones de ambas cámaras y en el recinto legislativo, con la clara intención de obtener una rápida sanción.Se ha señalado que semejante vértigo esconde la intención de tapar graves fracasos de una administración que lleva ya más de una década en el poder. Se mencionaron, también, presuntos actos de corrupción que involucran a altos funcionarios nacionales; el derrotero de la política energética, que pasó de una visión estatista a concesiones privadas de las que se desconocen los contratos firmados y a suscribirse en el futuro; el descontrol de precios, y la falsa premisa de la inclusión social.Desde el 16 de junio último, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó en pie los fallos del juez Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, favorables a los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de deuda en 2005 y 2010, la Argentina debió asimilar en pocos días el debate de temas trascendentes para su organización.Basta mencionar que en un lapso menor a cinco meses se trataron, debatieron y sancionaron proyectos como los de la Ley de Pago Soberano de la deuda, que implicó una tremenda derrota para el oficialismo, ya que ningún acreedor aceptó cambiar la sede y el agente de pago de los bonos reestructurados; el Presupuesto de Gastos y Recursos de 2015; la estatización de la universidad de las Madres de Plaza de Mayo; la unificación de los códigos Civil y Comercial; la Ley de Abastecimiento; la nueva norma de defensa de los consumidores y otra ley de hidrocarburos.Ahora, con la misma intensidad se pretende reformar el Código Procesal Penal y fijar un nuevo ordenamiento de las telecomunicaciones, para mencionar sólo algunos de los proyectos en danza. También se anuncia la próxima derogación de tres normas para facilitar las negociaciones con los fondos buitre.De más está decir que muchas de esas iniciativas se trataron a partir del cuórum que concedieron legisladores de la oposición o de partidos provinciales, beneficiados con el reparto indiscriminado de fondos.El verdadero objetivo de esta ráfaga legislativa es enmendar un error tras otro en la gestión –por caso, en las negociaciones por la deuda pública– y limitar los márgenes de maniobra del próximo gobierno.La perdurabilidad de esos proyectos será muy limitada, porque se sancionaron sin consensos mínimos y con sospechosos apoyos partidarios y sectoriales.