La cuestión de la Amia

Las posiciones antagónicas, y al parecer irreconciliables, que dejó el debate en el Senado nacional por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo argentino y el gobierno de Irán sobre la investigación del atentado a la Amia, ponen otra vez un manto de duda sobre el esclarecimiento de esa tragedia y el castigo a los culpables. Las exposiciones y los interrogantes que plantearon en el plenario de comisiones los legisladores opositores, como así también los titulares de las entidades judías en la Argentina, Daia y Amia, y los familiares de las víctimas, no alcanzaron a despejar interrogantes básicos sobre el memorando firmado con el régimen iraní.De hecho, no resultaron convincentes las intervenciones del canciller Héctor Timerman, quien se enredó en discusiones semánticas sobre aspectos jurídicos del acuerdo, antes que echar luz sobre cuestiones de improbable ejecución incluidas en ese controvertido entendimiento. Incluso debió admitir que es posible que los iraníes acusados por la autoría intelectual de la voladura de la Amia no acepten ser interrogados por el juez Rodolfo Canicoba Corral en el marco de la futura Comisión de la Verdad.Fiel al estilo que vigoriza el relato único del kirchnerismo, Timerman eligió el camino de la crítica a los que rechazan la posición oficial, entre los que no estuvieron exentos los medios de prensa.Todo indica que el proyecto va camino a ser aprobado por la mayoría oficialista en ambas cámaras, lo cual significará un paso en falso y un futuro incierto para dilucidar esta causa, que acumula miles de fojas tras 19 años de frustraciones en la investigación.Ya se ha dicho que detrás de este memorando se escondería un cambio de rumbo de la gestión de la presidenta Cristina Fernández respecto de las relaciones comerciales con Teherán, en sintonía con la política de seguidismo hacia ese régimen que lleva adelante el presidente venezolano, Hugo Chávez.Esta presunción se apoya en cuestiones de sentido común, que no deberían desconocer ni la Presidenta ni su canciller, como es la cerrada negativa de Irán a que exponentes del régimen sean indagados y, mucho menos, condenados en su propio territorio por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994.Irán ya había advertido a través del vocero de su cancillería, Ramin Mehmanparast, que los cinco ciudadanos requeridos por la Justicia argentina no serían "indagados y ni siquiera interrogados", lo cual pone en tela de juicio el acuerdo y el rol que cumplirá la por ahora confusa Comisión de la Verdad.El Gobierno argentino tiene la obligación irrenunciable de sincerar el trasfondo de esta operatoria con un país poco confiable y dar un mensaje clarificador a los familiares de las víctimas de que todo no terminará en un nuevo fracaso.