Fondos para la ciencia. La crisis en el sistema científico
La gestión de una política ordenada del sistema científico público es necesaria en una sociedad moderna y democrática.
El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación se encuentra inmerso en una situación crítica, que persiste desde la sanción de la ley 27.614, de 2021, la cual establece su esquema de financiamiento con recursos públicos.
Esa norma fijó un nivel de participación del área en la distribución de fondos del Presupuesto nacional que debería ajustarse progresivamente, hasta alcanzar en 2032 un piso constante del 1% del producto interno bruto de nuestro país.
El grave desequilibrio macroeconómico padecido desde la sanción de esa ley transformó la escala progresiva de financiamiento en un parámetro aspiracional, cuya incidencia real debería ser ponderada con arreglo al ajuste inflacionario registrado, tanto en lo relativo al financiamiento de sus programas de investigación como en lo atinente a la inversión en capital humano.
Sólo como muestra de la dificultad que esta ponderación ofrece, cabe recordar que el Estado nacional funciona con las estimaciones presupuestarias de 2023, prorrogadas hasta el presente año y adecuadas de manera discrecional al efecto deletéreo que implica la devaluación de la moneda.
Al amparo del esquema de financiamiento originario del sistema, la nómina de investigadores, becarios y personal auxiliar del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se amplió de manera sustancial.
En Córdoba hay 2.700 investigadores, distribuidos en 43 unidades ejecutoras. Un grupo de investigadores del distrito Córdoba advirtió recientemente de un deterioro grave del sistema: de 28 mil investigadores registrados en 2023 (en realidad, la cifra suma investigadores y becarios doctorales), a la fecha más de 1.500 abandonaron el Conicet en todo el país.
Según los investigadores cordobeses de mayor rango, el sistema se encuentra en emergencia por el desfinanciamiento progresivo; la suspensión del envío de fondos para investigación y desarrollo; la disminución de becas disponibles; el congelamiento de vacantes para nuevos ingresos, y una depreciación salarial que calculan en un 36% desde noviembre de 2023.
Desde el ámbito nacional, la información sobre las políticas por aplicar en el sistema científico no tiene la precisión requerida, dada la magnitud de la crisis. Las versiones sobre las medidas por adoptar fueron en algunas ocasiones confusas; y en otras, sesgadas por preconceptos ideológicos.
Las vocerías políticas del Ejecutivo nacional señalaron con acritud que organismos como el Conicet crecieron de manera irresponsable al amparo del financiamiento público, sin rigor en la asignación de recursos y favoreciendo esquemas clientelares.
Si esos desvíos son confirmados, la actitud esperable de los gestores públicos es corregirlos, sin desestructurar un sistema cuyo funcionamiento es necesario para el desarrollo de la sociedad.
Los lineamientos centrales que debe organizar el Gobierno permanecen en una nebulosa de indefiniciones e incertidumbres, que no conduce sino a un mayor deterioro de estructuras de por sí afectadas por la crisis económica.
La gestión de una política ordenada del sistema científico público, en articulación con la iniciativa privada, es una característica propia de las democracias modernas, imprescindible en las sociedades que lideran el progreso integral de la humanidad.
