Inaceptable discriminación política

Apenas dos días después de las elecciones primarias, el Gobierno nacional decidió refinanciar la deuda de 17 provincias a una tasa anual del seis por ciento. Si bien el pago de intereses será mensual, el capital podrá ser cancelado en 182 cuotas; esto es, a más de 15 años de plazo, lo que, sumado al bajo costo de financiamiento, supone una virtual licuación de las obligaciones de esos distritos. Las provincias beneficiadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Corrientes. A estas se sumará Formosa, una vez que se resuelva una causa judicial que involucra al vicepresidente Amado Boudou.Aunque para la refinanciación se usa un fondo al que aportan todas las jurisdicciones, la subordinación política al poder es aún más asfixiante, pues sus mandatarios deberán suscribir antes del 30 de septiembre próximo los documentos correspondientes ante la Presidenta.Está claro que la firma de esos compromisos estará vinculada con la militancia política para las elecciones presidenciales que se harán casi un mes después.De este beneficio fue excluida la provincia de Córdoba, como ya sucedió en una refinanciación parcial anterior. El gobernador José Manuel de la Sota realizó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspendan los descuentos por el pago de la deuda con la Nación. Eso hasta que ese cuerpo judicial resuelva los reclamos de la Provincia en relación con el aporte que el Gobierno nacional debería efectuar para el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.La administración central decidió desde 2011 no enviar los aportes a los que se había comprometido la Nación con las administraciones provinciales en 1995, cuando se crearon los fondos privados de jubilaciones.De la Sota estimó que los compromisos in­cumplidos desde aquella fecha, más otras obli­gaciones, suponen una deuda de la Nación con la Provincia por 12 mil millones de pesos. El poder central desconoce ese monto y, por contrapartida, planteó una demanda contra Córdoba por haber aplicado la "tasa vial" a la venta de combustibles, que sería inconstitucional en función de leyes anteriores. El gobernador replicó que el caso es aún más grave porque las inundaciones de principios de año causaron daños valuados en 4.829 mi­llones de pesos, mientras que el aporte del poder central fue sólo un crédito por 540 millones de pesos. Es inaceptable que el poder central –que se proclama como "el más federal de los gobiernos– instrumente refinanciaciones de pasivos discriminando a un grupo de provincias.Los inminentes comicios impedirán a ambas partes la búsqueda de acuerdos, pero es necesario que la Nación y Córdoba encuentren una solución a una política discriminatoria y violatoria del principio de igualdad ante la ley.