Emergencia y bonos invisibles

Toda reducción de deuda es un alivio, sea para las economías de la Nación o de las provincias o para familias, sobre todo cuando se obtienen reducciones de monto, tasas de interés, período de gracia y plazos extensos.

Según estimaciones preliminares, el acuerdo suscripto con la Nación permite reducir el endeudamiento de la provincia de Córdoba con la administración central en algo más de 20 por ciento, además de contar con un período de gracia hasta enero de 2012, todo lo cual significa un importante alivio en las urgencias fiscales.

En esas condiciones, además del ingreso de 300 millones de pesos en efectivo para atender otros compromisos, ¿puede seguir invocándose la emergencia previsional para reducir ingresos o, peor aun, para emitir nuevos bonos para los jubilados y pensionados de la Provincia?

Tomemos el caso de los pasivos, a quienes se les recortan sus haberes a cambio de un bono que ni siquiera está emitido. Sólo se incluye en el recibo correspondiente el monto de lo descontado a cuenta de papeles imaginarios. Ese bono inexistente -llamado Ticop- es una mera promesa de pago que, como ocurre de manera crónica en nuestros hábitos, constituye una promesa que puede ser pasada de gobierno en gobierno a pesar de las protestas de los acreedores.

En este caso, ni siquiera se les da una constancia formal y sellada del monto acumulado. Si les interesa saberlo, tienen que sumar mes a mes el descuento y, de este modo, podrán conocer cuánto han sacrificado en nombre de una emergencia económica que, como siempre, hace recaer el mayor esfuerzo sobre la paciente clase pasiva.

En caso de que finalmente reciban los prometidos papeles, nada se les ha informado acerca de su recepción. ¿Podrán pagar con ellos los impuestos provinciales y municipales? Ni siquiera se da por seguro que el emisor del bono los reciba como cumplimiento de las obligaciones tributarias que cobra a sus propios ciudadanos.

Tanto el gobernador como el titular de la Caja de Jubilaciones de la Provincia tienen formación económica y conocen que toda emisión de bonos destinados a la tercera edad termina en manos de usureros, que pagan por ellos porcentajes mínimos. Acosados por urgencias impostergables, como las compras de alimentos y de medicamentos, no pueden retenerlos esos papeles a la espera de una valorización eventual.

Si se gobierna para mantener y acrecentar la justicia social, no se puede legislar en desmedro de la reparación que se debe a quienes se les impuso un sacrificio desmedido.

Tampoco se deben establecer plazos de amortización que no atiendan a las avanzadas edades de los beneficiarios. Quien tiene más de 70 años de edad, no puede esperar varios años para percibir el total de lo que se le ha expropiado en nombre de una emergencia económica de la que siempre fue sujeto pasivo.