El trabajo en el municipio

Las recurrentes medidas de fuerza gremiales que afectan el normal funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba se traducen en cifras escandalosas: de los 242 días hábiles que tuvo 2012, sólo hubo 46 días con atención normal en las distintas dependencias. La odiosa postal casi cotidiana de asambleas, paros o meras reuniones informativas de los empleados municipales de la Capital dejó como saldo que la atención a los vecinos en las distintas dependencias estuviera resentida en ocho de cada 10 días del año que pasó.El poder de movilización del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), la libertad de acción de dirigentes de base que desconocen la estructura orgánica del gremio y la incapacidad de la autoridades para poner en caja a sus dependientes conforman un panorama desolador. En este escenario los más perjudicados son los contribuyentes, de por sí saturados por los malos servicios, los tributos cada vez más caros y el gasto de tiempo y dinero en trámites que deberían ser simples y rápidos. No es una novedad que la mayor parte de los recursos que recauda el Palacio 6 de Julio van a los sueldos de sus más de 10 mil empleados. También es cierto que el desfase en este rubro viene de gestiones anteriores a la que conduce el hoy intendente Ramón Javier Mestre. De lo que se trata ahora es poner coto a la ola de asambleas y paros encubiertos que en 2012, en ocho de cada 10 días, resintieron la atención al público en cuanta oficina opere en la órbita del municipio, sobre todo en los centros de participación comunal (CPC) y en el Registro Civil. Lo más peligroso de este juego de presiones es que muchas veces se pone en riesgo la atención de servicios vitales, como las áreas de salud, focalizadas de manera particular en el Hospital Municipal de Urgencias. Las protestas por la falta de insumos en los centros de atención o por retenciones de servicios por parte de los agentes contratados fueron una constante durante 2012. No está de más agregar que más allá de los conflictos propios, cuando se trate de tareas tercerizadas, las autoridades no deben desentenderse del rol que le corresponde ni descargar culpas en empresas ajenas al municipio. En una situación de esas características la reacción debe ser inmediata, más allá de las empresas contratistas que incumplen sus obligaciones salariales. Es responsabilidad tanto del Suoem como del Departamento Ejecutivo Municipal que los cordobeses de la Capital no sigan siendo rehenes de estas manifestaciones de protesta que, aun cuando sean legítimas, no pueden afectar de manera cotidiana el desenvolvimiento de la ciudad. Los ciudadanos, que con esfuerzo pagan sus tasas, deberían ser mejor tratados por el gremio. Tal vez así mejoraría la imagen de los empleados municipales en la sociedad.