El peor remedio contra la inseguridad

Mientras la inseguridad y el delito crecen a niveles preocupantes en todo el país, la sociedad asiste turbada a la sucesión de episodios que muestran a vecinos que repelen a los golpes el accionar de sospechosos. Con el debate instalado y lejos de dirimirse respecto de la mal llamada "justicia por mano propia" y de la legítima defensa, lo cierto es que estos arrebatos grupales irracionales van dejando al desnudo dos cuestiones cruciales: el hartazgo de la gente por la ola delictiva y el fracaso del Estado en el diagrama de políticas eficaces en materia de seguridad.Sin embargo, nada justifica (ni existe Código Penal que lo avale) el linchamiento liso y llano de una persona que acaba de cometer un delito callejero.La polémica al respecto se reavivó luego de que el pasado domingo un grupo de vecinos propinó una feroz golpiza a dos presuntos "motochoros" que habrían sustraído la cartera a una joven en barrio Zumarán, en la ciudad de Córdoba.El hecho se produjo cuando aún no habían cesado las repercusiones del episodio del carnicero, que, luego de ser asaltado en la localidad bonaerense de Zárate, persiguió y atropelló con su automóvil a uno de los ladrones que huía en una moto. El sujeto murió poco después por graves politraumatismos.También se mantenía en la agenda mediática el caso del médico que mató a balazos a un joven que intentó sustraerle el automóvil en la localidad de Loma Hermosa, en provincia de Buenos Aires.La enumeración de hechos de estas características es extensa y desgraciada, y nos retrotrae a lo sucedido en la ciudad de Córdoba en junio de 2015, cuando un presunto ladrón fue linchado por vecinos en el barrio Quebrada de las Rosas. El joven murió varios días después en un hospital y hoy tres personas esperan ir a juicio por aquel ataque intempestivo.La comunidad debe ser consciente de que está penado por la ley tanto el apaleo a un delincuente como el delito que este ha cometido y por el que deberá responder ante la Justicia. Nadie puede arrogarse potestades propias de los jueces y fiscales, y la facultad de realizar un arresto civil no habilita a cometer actos de violencia.Incluso, en medio de tanta confusión y en referencia al carnicero de Zárate, el propio presidente Mauricio Macri incurrió en una intromisión al decir que el comerciante debía estar libre.Más allá de ciertas conductas que tendrán que ser enmendadas, no habrá progresos en la lucha contra el delito en la medida en que el Estado trate de disimular su incapacidad con grandes anuncios que poco aportan para garantizar la seguridad colectiva.