Cárceles: demoras edilicias y reincidencia delictiva

El incremento del delito en todas sus formas tiene como epílogo en materia penal una mayor cantidad de juicios y de condenas. Y por derivación, ello pone en situación comprometida la capacidad de alojamiento en los institutos carcelarios. La provincia de Córdoba no es la excepción.

Sin llegar a las peligrosas orillas del hacinamiento, en algunos penales ha crecido de manera ostensible la población de internos, lo cual no fue acompañado a tiempo por obras de ampliación de pabellones o, directamente, por la construcción de nuevas cárceles en las principales ciudades de la provincia.

Queda claro que no sería lo más deseado en una sociedad civilizada, en la que no abundaran los malhechores que desvalijan y hasta matan a su víctima para robarle un teléfono celular; o que no progresara el terror sembrado por narcotraficantes, que llegan a cooptar zonas barriales con pasmosa impunidad.

Pero la realidad y el sentido común nos llevan a dirimir la cuestión: sin entrar a debatir otros casos de envergadura punitiva, el pillaje ha tomado forma de rutina, y aun los institutos que albergan por unos días a personas arrestadas por diversas contravenciones van quedando con pocas o nulas plazas de alojamiento.

En tal sentido, y como informamos días atrás, sigue en estado de parálisis la obra del módulo para aprehendidos en el complejo carcelario de Bouwer. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba atribuyen la referida tardanza a la suba de precios en el ámbito de la construcción.

En rigor, un argumento poco sólido, a la luz de los hechos de hurto, de robo y de vandalismo grupales que se profundizaron en estos días, y en función de lo cual la Legislatura de Córdoba analiza agravar la imputación y, con ello, el tiempo de arresto a los responsables.

Malvivientes moldeados en los tristemente famosos robos piraña y que ahora emprenden sus andanzas en el marco de los saqueos que han puesto en estado de alerta a la sociedad.

Habrá que admitir, sin embargo, que la solución integral no pasa únicamente por ampliar o edificar nuevas cárceles. El Estado en su conjunto debe poner en agenda políticas de intramuros destinadas al tratamiento psicofísico de quienes delinquen. Es decir, lograr que, una vez cumplida la pena, los liberados no engrosen la nómina de reincidentes.

Un fenómeno que es observable en sujetos que no trepidan en continuar la mala vida cada vez que la denominada “puerta giratoria” de la Justicia los devuelve a la calle huérfanos del más elemental concepto de sociabilización.

Reportes de organismos especializados dan cuenta de un incremento sostenido de la tasa de reincidencia delictiva en la Argentina, motivada en parte por la imposibilidad de reintegrarse al mundo laboral de aquellas personas con antecedente penales; también, por una crisis social que alienta el accionar cotidiano de los maleantes.

Habrá que construir más cárceles, pero el problema de la inseguridad es severo. Y urge la presencia del Estado, antes de que el desmadre nos sorprenda.