Cambios necesarios en el Poder Judicial

La Argentina está organizada bajo el sistema republicano de gobierno, con tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que deben actuar en forma independiente entre sí. Aun con sus imperfecciones, es el sistema más desarrollado en el mundo. Las periódicas crisis económicas que sufre el país, a partir de la ruptura del esquema de sustitución de importaciones y por la globalización financiera y de los negocios, ahondaron la falta de independencia en el accionar de esos tres poderes.

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El tráfico de influencias y el sometimiento de los poderes legislativo y judicial al Gobierno de turno dañó la confianza de la sociedad en legisladores, jueces y políticos. Este entramado está muy lejos del concepto de República.

Una reciente encuesta del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba ratifica –por parte de letrados y actores ante el Poder Judicial– la percepción de falta de independencia de parte de magistrados y funcionarios respecto del poder de turno.

Una apreciación similar había sido expuesta en una encuesta desarrollada por la Asociación de Magistrados en 1993, así como en otra dirigida a la población entre 2009 y 2010, efectuada por la Universidad Nacional de Córdoba a petición del Tribunal Superior de Justicia.

Los públicos no son comparables; tampoco las metodologías, ni los contextos históricos. De todos modos, de esas tres muestras surgen elementos que deberían ser considerados para encarar las reformas que espera la sociedad.

La independencia de los poderes es una constante que se repite en los relevamientos mencionados. También se pone bajo la lupa la idoneidad de algunos magistrados y la aplicación de las leyes según la condición socioeconómica de los acusados.

Los principales actores deben aportar soluciones para la elaboración de una hoja de ruta que sirva a la urgente modernización y eficacia de la Justicia provincial. La corrupción, un mal endémico de la Argentina, debe ser atacada también en esa tarea.

Un esquema aún basado en el papel ya resulta intolerable en función de la gran cantidad de herramientas que ofrece la tecnología en la investigación de los delitos y la informática, para su procesamiento.

Los tiempos establecidos en los diferentes códigos fueron concebidos para una sociedad que se manejaba a otra velocidad.

Las periódicas crisis económicas originan una mayor cantidad de litigios en los fueros de Familia, Trabajo y Penal.

La apelación de magistrados a la necesidad de más juzgados y de más personal debería ser revisada en función de si la modificación previa de los códigos de procedimientos permitiría una Justicia más rápida, eficaz y conciliadora de los conflictos.

Los tiempos exigen una profunda transformación del Poder Judicial.