Actuar con responsabilidad

La degradación de la situación social y económica es una constante que todas las semanas escribe un nuevo capítulo. En las últimas horas, por ejemplo, se difundió que las suspensiones en terminales automotrices y proveedores metalmecánicos de Córdoba afectarán esta semana a más de 3.500 operarios, en tanto las ventas de los comercios minoristas cayeron en agosto 9,3 por ciento, la baja mensual más pronunciada de los últimos cinco años. Los gobernadores de raigambre peronista –por caso, los mandatarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, San Juan y Formosa– evaluaron como muy crítica la coyuntura y decidieron pedir una audiencia a la presidenta Cristina Fernández para tratar este diagnóstico, que está muy lejos de la realidad que muestran los informes que se propalan por los medios oficialistas.En ese cónclave, realizado en la casa del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota presentó un documento que traza un crítico análisis sobre la actual coyuntura y advierte sobre la posibilidad de un crac económico si no se corrige el rumbo. A grandes rasgos, el diagnóstico fue expuesto luego por el mandatario cordobés en su intervención durante la inauguración oficial de la exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto.En síntesis, abundan los datos que muestran un deterioro preocupante de la coyuntura y los análisis políticos que advierten sobre la inminencia de un grave desorden en la macroeconomía.Corresponde, entonces, que quienes lanzan las advertencias difundan también las propuestas alternativas para que se conozcan cuáles son las medidas para corregir esa situación.Por cierto, hay dirigentes y especialistas que realizan propuestas, pero hay asimismo muchos otros que se quedan en la crítica y en la especulación electoral, por lo que prefieren no asumir el riesgo de exponer ahora sus ideas.La responsabilidad es aún mayor por parte de quienes ejercen una función de gobierno, porque sus gestiones no son indiferentes al rumbo que ha tomado el país, ya sea por acción u omisión, en los años recientes o a lo largo de sus carreras políticas, que acumulan varias décadas. En otras palabras, la actual dirigencia política no es ajena a las desventuras que sufre el país.Por otra parte, la Presidenta tiene la obligación de convocar a los gobernadores y fuerzas políticas representadas en el Congreso para escuchar, debatir y evaluar medidas que permitan superar la recesión y las urgencias sociales.Su consulta no puede limitarse al círculo de sus aplaudidores constantes. Tampoco debe ceñirse al análisis de un equipo limitado de técnicos, cuyas últimas propuestas no ayudaron a corregir la crisis sino que formularon instrumentos que de ser aplicados –como las reformas a la Ley de Abastecimiento y el pago local de la deuda– agravarán aún más la crítica coyuntura.