¿Disparates?

El gobernador José Manuel de la Sota trata de eludir la catástrofe. Durante mucho tiempo pudo ocultar lo que ocurría en la trastienda del poder cordobés.

Le dio resultado la sentencia de que para que funcione un buen matrimonio, hay que enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona. Hasta que las denuncias, con pruebas contundentes, no pudieron ser relativizadas por la adulación de alguna Justicia cómplice y la soberbia de no escuchar.

Como decía la intelectual española Concepción Arenal, la democracia, como la aristocracia, como todas las instituciones sociales, llama calumnia a las verdades que le dicen los enemigos y justicia a la lisonja de sus parciales.

Siempre rondó, en la conciencia social, la idea de que la Policía y los políticos son corruptos. La generalización, como en todos los órdenes, resulta injusta. No todos abrevan en el delito y quizá los más traducen su ­trabajo en ejemplos de hones­tidad. La verdadera democracia debiera nutrirse de estos últimos.

Pero el com­promiso se volatiliza cuan­do la maraña, de tupida que es, resta espacio a la transparencia.

En 2002, una madre valiente, Alejandra Fernández, cuyo hijo Ian Durán fue asesinado en Villa Carlos Paz, explicó en un programa de televisión que el entonces gobernador, De la Sota, le había manifestado su conocimiento sobre lugares de venta y tráfico de drogas en Córdoba y Villa Carlos Paz. O sea, que sabía quiénes, cuándo y dónde estaban los nichos utilizados por el narcotráfico.

¿Qué hizo? Ante tamaña revelación y su impacto mediático, una denuncia en una fiscalía, que murió tan rápido como llegó. Hoy imagina el festejo santafesino sobre lo que ocurre en nuestra provincia. No se habla de cómo y quién dejó entrar la droga en Córdoba.

De la Sota se excusó: “Es un flagelo en Argentina”, eludiendo la responsabilidad institucional de lo que ocurre en Córdoba. Y apunta con el dedo: “En Buenos Aires, ¿no hay? En Capital Federal, ¿no hay? En el resto del país, ¿no hay?”, exculpándose así ante el periodismo.

Sí, gobernador, pero estamos hablando de Córdoba. ¿Qué tiene para decir si acá también hay? ¿Asume su responsabilidad? ¿Qué pasa con la denuncia contra hombres de su gabinete? ¿Conoce a Liliana Juncos, a la que hizo legisladora, implicada como presunta narco y en el asesinato de un niño en barrio Müller? ¿Sabía o no del proce­samiento de su piloto? ¿Intentó incentivar a funcionarios de la Justicia federal?

El periodismo serio no provoca, molesta. Es su obligación. De soslayo, deslizó palabras para otro que tiene que dar explicaciones: el viceintendente de Córdoba, también denunciado, como punteros de uno y otro partido. Aunque calló sobre la vinculación con la droga de un exfuncionario, apuntado por el programa televisivo ADN.

En un sincericidio, rubricó que debe mejorar la Policía provincial y disparó sobre la provincialización del control del narcomenudeo. Omitió que tan pronto cierran quioscos, se abren otros en lugares no ­distantes de los anteriores. De la Sota y 
su Policía lo saben.

Los castigos de presuntos involucrados, limitados a unos pocos, y 70 traslados no alcanzan para descabezar la trama. Lo dicen policías retirados de probada profesionalidad. El germen está vivo y la carroña está enquistada en el poder y no en la oposición.

No es la política la que favorece a los narcos, como explica el gobernador: es la ausencia de un Estado dispuesto a dar la batalla. El vicio y sus responsables anidan, según las denuncias, en su propio entorno. Esopo decía: “El único provecho que sacan los embusteros de sus mentiras es no ser escuchados cuando dicen verdades”.

La sociedad, consternada, no denuncia por miedo de su vida. En Córdoba se vive con temor. El ciudadano sale de su hogar y no sabe si regresa. El llamado 
a pelear codo a codo se esfuma por la tardanza y las extensiones corruptas.

Van más ejemplos. La fuerza encargada de la sustracción de automotores no difiere de la “maldita policía bonaerense”. Los desarmaderos existen, a pesar de la ley. En pleno centro. El proxenetismo privado pasó a ser policial. La ley de merodeo es el “atenuante” para las trabajadoras sexuales.

La ley de trata no funciona a través de la secretaría oficial sino con subsidios para la organización que lidera Susana Trimarco. La droga casi se cobra la vida del gobernador de Santa Fe; aquí ya se llevó la vida de criaturas inocentes. Dos policías muertos, asesinados o por suicidio, interrogante judicial pero antecedente peligroso. ¿Qué más falta? ¿La guerra entre narcos liberados y “buchones” arrepentidos?

El Frente Cívico y Social denunció durante 11 años, en Legislatura y en los medios, la grave inserción del narcotráfico en la provincia. De estado de consumo a tráfico masivo. Más de cuatro mil per­sonas firmaron amparos. ­Vínculos de dirigentes políticos con la distribución y venta de narcóticos.

Setenta mil kilos de cocaína –según el legislador Aurelio García Elorrio– pasan por Córdoba. Ruta 38, combinaciones con provincias vecinas, pasos delimitados, la experiencia más nefasta que se haya vivido ante los ojos de quienes representan al pueblo. Faltan radares, dijo De la Sota, y Juan Schiaretti propone una ley de “derribe”. ¿Por qué no comenzar por desterrar las pistas clandestinas existentes en la provincia?

La degradación ascendió hasta la destrucción del tejido social, la familia, el aprovechamiento de la pobreza, clase media alta y alta protegida y la ausencia del Estado.

El programa ADN puso al descubierto la trama entre el narcotráfico, la Policía y la política. El ­gobernador desafió: "Lo que es terrible son los carroñeros".

No, espantoso es reaccionar sobre el hecho consumado que atenta contra el orden social. Peor. Lo malo de quienes se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo, no aciertan ni una, sentenció el Nobel de Literatura Camilo José Cela. Sucede que, aquí, hablamos de vidas. Y eso no debiera perdonarse.

*Legislador Frente Cívico y Social, vicepresidente primero Legislatura Unicameral.