Detrás de los bosques nativos

Hoy existen dos proyectos "ambientalistas" en la Legislatura provincial, que, en cumplimiento con la ley nacional de bosques, han sido clasificados en tres colores: rojo, a conservar; amarillo, a recuperar, y verde, transformables. Ambos proyectos están de acuerdo en la zona roja y proponen no tocar más los bosques en buen estado que contienen cuatro millones de hectáreas. Ya no se discute más el bosque nativo, sino quién y cómo lo maneja. Por un lado, está la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), con las organizaciones sociales que levantan -con todo su derecho- las banderas del ambiente, se posicionan en los medios, se hacen oír en la Legislatura, realizan marchas, colectan firmas y se cobijan bajo la enorme sensibilidad ciudadana por el cuidado del ambiente. Por el otro lado, están las entidades agropecuarias, el ruralismo, el de tierra adentro, el más pobre, el de Deán Funes, Quilino, Cruz del Eje, Villa de Soto, Tuclame o Serrezuela, que reclaman desarrollo. Más de 200 mil habitantes que luchan no sólo por el ambiente sino por no quedar marginados, postergados, olvidados. Se los tilda de depredadores, de "materialistas". El 75 por ciento tiene menos de 80 hectáreas y menos de 100 vacas; casi no alcanza para vivir. No encuentran la forma de hacerse oír, están lejos, no son mediáticos. Se sienten tan ciudadanos como los demás, con un legítimo derecho al desarrollo, a la prosperidad y al bienestar. Son, en su mayoría, pequeños y medianos productores que, con sus caballos y con pancartas claras -"no a las topadoras", "respetemos la ley Bonasso", "cuidemos el bosque nativo"-, se han desplazado muchos kilómetros para expresar que ellos también quieren un ambiente sano, que es posible la producción verde, la ganadería verde, las vacas bajo el monte, la silvoganadería: una técnica capaz de hacer un enorme aporte en la mejora ambiental y en la producción. Los que contaminan no son ellos, sino los que a diario encienden un automóvil, un aire acondicionado, los que combustionan por una mejor calidad de vida. En el mundo, el que contamina paga; acá no: el que contamina reclama y el otro paga. La discusión es lo que se puede y no se puede hacer en el millón de hectáreas degradadas, la de bosques sentenciados, donde predominan los ambientes de "fachinal" (espinal) y "peladeral" (suelo desnudo). Hoy brindan un pobre o nulo servicio ambiental y productivo. Las organizaciones sociales proponen, como método de recuperación, la clausura y prohibición o suspensión de todo tipo de actividad rural bajo el monte y que el Estado subsidie, mediante planes manejados por ellos, a los afectados. Los ruralistas proponen recuperar ese monte y realizar actividades bajo los árboles. Limpiarlo, incorporar pasturas y árboles, hacer ganadería vacuna, caprina y otros usos sustentables. Son aprovechamientos naturales, amigables y recuperadores del ambiente. Buscan desarrollarse y crecer por sus propios medios, sin dependencias de ningún subsidio y bajo pautas y conciencia ambiental.

La otra contienda. No sólo esa es la pelea; el manejo de la ley y de los recursos económicos está también en juego. Las organizaciones sociales se proponen como autoridad de la ley de bosques y el manejo de los recursos, millones de pesos que aportarían la Nación, la Provincia y las multas para el cuidado de los bosques y subsidios a los afectados. Los ruralistas proponen que la ley y los recursos los manejen las autoridades competentes -Ministerio de Agricultura y Secretaría de Ambiente-, en planes específicos de cuidado del bosque y desarrollo social rural cuentapropista sin dependencia, y que la Justicia castigue con dureza a los infractores. El proyecto de las organizaciones sociales esconde muchos cambios conceptuales y agregados a la ley madre - "ley Bonasso"-, confiriéndoles un amplio poder y jurisdicción, pudiendo actuar en lugares donde ya no existe bosque nativo. Introduce nuevos conceptos de titularidad de los bosques y, por ende, de las tierras, como la posesión simple, que ha puesto en alerta al ruralismo, ya que detrás del cuidado del bosque está encubierta la posibilidad del uso social de la tierra. No son los bosques: es el manejo de la ley, de las tierras y de los recursos lo que está en juego. Ambos sectores han tenido la posibilidad de expresarse; los dos proyectos están en la Legislatura. Toca ahora a los legisladores escoger el camino más acertado. Ceder ante la presión social por los bosques, aceptando todo lo que esconde, o empezar a separar cosa por cosa, bosques por un lado; y forestación, Justicia y desarrollo social, y regímenes de tenencia, por otro. La pregunta ya no es más quién está a favor de los bosques nativos (todos están a favor), sino quién y cómo los maneja. Ya no son sólo los bosques. Es la gente que está debajo y por detrás de ellos. En un mundo que crece, que pasará de 6.500 millones a 15 mil millones de habitantes en 50 años, es necesario producir más del doble de alimentos y fijar muchísimo más dióxido de carbono, única posibilidad de subsistir en paz. La mezquindad, el egoísmo y la inutilidad de la clausura no son el camino sino la grandeza de los desarrollos verdes y sustentables. Negar el riego como una de las herramientas ambientales y alimentarias más poderosas (cinco por ciento de la superficie actual está bajo riego y produce 75 por ciento de los alimentos) es negar Mendoza, Chile y los corazones ambientales y alimentarios más importantes del mundo. Negar la forestación como herramienta ambiental, paisajística y productiva por defender fachinales y quemaderales es aislarse del camino que tomó el mundo entero. El pedido es que no se legisle pobreza, clausura, prohibición, abandono, usurpación, desmonte, discriminación y clientelismo. Se pide que se legisle grandeza, verde, bosques, biomasa, alimentos, sustentabilidad, vida y futuro.

*Ingeniero. Ex docente (UNLP) e investigador del Conicet; Grupo Ambientalista Silvoganadero