Cuestión de plata, pero más de política

Todo parecía muy calmo, hasta que reaparecieron las nubes de la pelea. La cuestión es, otra vez, la plata. Ésa que la Provincia reclama y que la Nación no suelta, pese a que se comprometió a hacerlo.

¿Problemas de caja de parte del Estado nacional? Nada indica que el asunto pase por ese lado. Los resultados económicos que publicita el gobierno de Cristina Fernández tornarían poco creíble esa razón.

¿Vuelven los aprietes políticos? Ese fantasma sí que se va corporizando, en especial cuando se analiza un escenario en el que la oposición intenta acorralar al kirchnerismo para quitarle las facultades de mover el presupuesto a su placer. Hay un plazo fatal: el 24 de agosto, cuando vence la prórroga que el oficialismo logró mientras tenía mayoría en ambas cámaras, lo que se diluyó con la derrota del 28 de junio del año pasado.

Si bien el debate está centrado en las retenciones al agro, legisladores advierten que hay decenas de leyes -se habla de 1.900, muchas de ellas de fuerte impacto financiero- que podrían caer.

Ésta es la razón, al parecer, por la que el kirchnerismo decidió recordarles a muchos gobernadores, entre ellos el de Córdoba, Juan Schiaretti, que deben portarse bien, una manera indirecta de decirles cómo se espera que actúen sus legisladores.

Adiós a los juicios. "A todas las provincias les hemos planteado que no puede seguir habiendo juicios cruzados cuando la Nación les está dando una quita tan grande", sostuvo el inefable jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

En efecto, Córdoba fue uno de los estados que trasladó su planteo a la Corte Suprema de Justicia por una deuda de 1.200 millones de pesos que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tiene con la Caja de Jubilaciones.

Schiaretti admite que la solución a este entuerto "no es fácil", porque es Córdoba la que reclama los 1.200 millones, mientras Anses dijo de inicio que nada debía, pero luego aceptó al menos conversar.

Acceder a la demanda de Aníbal Fernández es complicado para Schiaretti, porque implica retirar el juicio, lo cual colocaría al gobernador en un brete: la necesidad política contra lo que considera un derecho adquirido de la Provincia.

Hay un término medio, que Schiaretti planteó el jueves: "Estamos dispuestos a conseguir un arreglo razonable y suspender el juicio, pero no estamos dispuestos a resignar los derechos de Córdoba que reconoció la propia Anses".

Lo concreto es que levantar los juicios es la condición inexcusable para las provincias que quieran acceder al plan de desendeudamiento que propone la Nación.

!A por ellos! Es cierto que el peronismo cordobés ha quedado, después de las elecciones del año pasado, con un poder menguado en el Congreso de la Nación.

Pero vendrán por él como lo harán con el resto de las provincias, en la práctica de ir voto por voto. Y el que no se alinea corre riesgo de ir al freezer o, peor aún, quedar marginado.

Un ejemplo, por si hiciera falta, de estas conductas del poder nacional la deja el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a quien están haciendo pagar el precio de haberse manifestado en contra del matrimonio gay .

Gioja era hasta entonces uno de los preferidos de la pareja gobernante. A punto tal llegó el enojo con él que hasta se pensó en cambiar de escenario la cumbre del Mercosur que se realizará esta semana en San Juan. Por los problemas logísticos que implica una reunión así, desistieron de la represalia. De todos modos, algunas voces kirchneristas lo anotan como candidato a vice en una fórmula encabezada por Néstor Kirchner.

¿Qué castigo podría sufrir Córdoba si Schiaretti no se aviene a un arreglo?

-Es difícil que nos compliquen más; la plata de la Caja y las obras públicas son las dos cuestiones centrales. Para hablar de política, todavía falta mucho -aceptó un funcionario local.

Los referentes cordobeses observan con atención cómo se mueve el tablero nacional entre kirchneristas que quieren aferrarse al poder y disidentes que buscan dar el zarpazo.

Entre estos últimos, autodenominados Peronismo Federal, hay distancias que se alargan y se acortan de manera permanente. La falta de un liderazgo y la aparición de varios precandidatos complican las negociaciones entre ellos.

Carlos Reutemann , el número cantado, no quiere ser.

Francisco de Narváez , el que más lo desea, no puede serlo porque desde la Corte ya sugirieron que no lo avalarán, por ser nativo colombiano.

Eduardo Duhalde está allí, pero para evitar un vacío.

Mauricio Macri , aunque nunca se incorporó al ala disidente, era mirado con atención hasta que cayó bajo la causa por supuesto espionaje.

En filas kirchneristas, se dice que el entendimiento estratégico con José Manuel de la Sota está más congelado que nunca y que ya hay directivas claras de Néstor Kirchner de armar el operativo "candidatos propios" para esta provincia.

La visita al Norte. Mientras todo esto se cocina en Buenos Aires, otras miradas -con intereses más domésticos- se posaron sobre el sur de los Estados Unidos, adonde recaló el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, para comprobar si funciona lo que quiere venderle la empresa Innviron para gasificar los residuos urbanos.

Giacomino parece estar solo en esta gestión. La Provincia, con Schiaretti a la cabeza, tomó distancia para no convalidar un sistema que llega de la mano de intendentes kirchneristas como Giacomino o el de Villa María, Eduardo Accastello.

Sutilmente, Schiaretti admite que no hace falta viajar a Estados Unidos para comprobar si lo que dice Innviron es cierto. Invierte, con razón, la carga de la prueba: debe ser la empresa la que demuestre que está en condiciones de ofrecer el servicio que promete.

El lunes en la mañana es probable que el intendente hable de su visita a Estados Unidos, de donde espera haber regresado con el as de espadas. O al menos con el de bastos.

Distante del ímpetu del intendente, el presidente de la empresa estatal de recolección de residuos (Crese), Eduardo García, prefiere pisar la pelota y, antes de embarcarse con Innviron, se inclina por buscar un consenso entre las distintas fuerzas políticas que pueden llegar al Palacio 6 de Julio, en el entendimiento de que el problema de la basura trasciende a un gobierno. "Debe ser una razón de Estado", comenta García, mientras espera el regreso de Giacomino para saber cuál será su decisión.

¿Es Innviron otra pata kirchnerista en Córdoba? ¿El empecinamiento de Giacomino en traerla es sólo porque no hay otro oferente en esa licitación o porque alguien de la Casa Rosada así se lo pidió? Más allá de cualquier intencionalidad política, esto aún no tiene respuesta.