Córdoba, la meca inmobiliaria y la (in)justicia social

La creación del Banco Municipal de Inmuebles podría situar a Córdoba en la primera línea del país en lo que se refiere a legislación municipal favorable al acceso a la vivienda de los sectores sociales más vulnerables. La ordenanza establece un mecanismo por el cual las nuevas urbanizaciones deben aportar el cinco por ciento del valor de su superficie parcelaria para financiar el nuevo organismo.Se trata de una medida concreta, genuina y aplicable de promoción de igualdad de acceso a derechos humanos básicos, con un gran bene­ficio para amplios sectores de la sociedad y que, por otra parte, no representaría un importante costo para los sectores de la construcción implicados. En cifras. Mientras desde algunos sectores se insinúa una supuesta falta de rentabilidad del gran negocio de la construcción en Córdoba, los números disponibles hablan de una realidad totalmente diferente. La ciudad de Córdoba concentra el 20 por ciento de los permisos otorgados para desarrollos inmobiliarios en el país, seguida por Rosario, donde en 2010 los metros cuadrados construidos fueron la mitad que los de nuestra ciudad.Un simple vistazo por los centenares de grandes emprendimientos inmobiliarios que inundan la ciudad y sus alrededores confirma esta tendencia: desde 2001 a 2011, se construyeron 205 nuevas urbanizaciones en la capital cordobesa y en los últimos tres años se duplicaron los metros cuadrados autorizados a construir, lo que implica perspectivas a futuro muy favorables para el sector.Otro de los argumentos esgrimidos sostiene que la ordenanza im­plicaría un importante aumento en los costos de los desarrollistas y que esto terminaría perjudicando a la clase media. La verdad que se desprende del análisis de los datos existentes parece ser otra.Las auténticas causas del desmesurado aumento de los costos y las dificultades de este estrato social para acceder a una vivienda se explican mejor si tomamos en cuenta tres factores principales: en primer lugar, la especulación, tanto de la tierra como de los inmuebles; en segundo lugar, la inflación en materiales y mano de obra, y, por último, la casi inexistencia de créditos hipotecarios. Especulación o vivienda. Es una realidad notoria que el auge de la construcción se debe a su cualidad de "refugio de valor" para inversionistas y no al acceso masivo a la vivienda. Junto a las acciones en el mercado de valores y el oro, el mejor negocio es invertir en ladrillos. Esto distorsiona el mercado y genera una demanda artificial que empuja los precios mucho más allá del crecimiento de la inflación.A esto se suma la desmedida especulación en el precio de la tierra, que está llevando a los mismos desarrollistas a exigir la intervención del Estado, como es el caso del presidente de Gama, Jorge Petrone, que solicitó "castigar" con impuestos a los especuladores. "Hay 50 familias, dueñas de seis mil o siete mil hectáreas dentro del radio urbano, que esperan que siga subiendo. Cada vez que los desa­rrollistas salimos a comprar tierra, encontramos serias dificultades. Si esto no se frena, lo que hoy vale 25 dólares el metro cuadrado, en poco tiempo saldrá 100", dijo Petrone.Parecida es la especulación propia de los dueños de inmuebles, que juegan con el aumento sostenido de los precios tanto de venta como de alquiler. ¿Los perjudicados? La inmensa mayoría. Créditos e inflación. El mercado de préstamos hipotecarios se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 10 años. Esto representa la principal barrera de la clase media en el acceso a la vivienda: hoy sólo el 6,5 por ciento de las propiedades se vende con crédito. Por otro lado, se observa que la suba en los valores inmobiliarios no logra compensarse con los aumentos salariales: en 1998, se necesitaban 65 salarios promedio para comprar un inmueble de 60 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el presente hacen falta 81 salarios.En la ciudad de Córdoba, con el ingreso promedio de un trabajador privado (3.384 pesos en septiembre del corriente año), se necesitarían casi siete años y medio de completo ahorro –sin gastar nada extra– para comprar una vivienda de 70 mil dólares. Una auténtica quimera. Que se respete la Constitución. Para cerrar, nada mejor que citar a uno de los más importantes emprendedores de la construcción. Horacio Parga, director del Grupo Edisur y presidente de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba aseveró: "La Constitución Argentina asegura el derecho al acceso a una vivienda, pero esto no se está cumpliendo. La vivienda no es un derecho abstracto: es el punto de partida de las personas para acceder a una mejor calidad de vida, a la salud, a la educación e incluso a los valores."Compartimos profundamente y es claro que la propuesta de creación del Banco de Inmuebles constituye un importante avance en esa misma dirección.