¿Constitución, ley o corporaciones?

Desde hace tiempo, no sólo advertimos y denunciamos supuestas irregularidades y una inadecuada fiscalización pública en materia cooperativa y mutual, sino que también propusimos la intervención administrativa y judicial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), junto a la de los órganos provinciales de aplicación pertinentes. Razones de este estrépito público e interés general son las mutuales y cooperativas involucradas en el trabajo indecente, en la mafia de los medicamentos, en las mesas usurarias de dinero, en la "soja negra" o el escándalo denigrante de seudocooperativas (por caso, las de los Schoklender, Milagro Sala y de grupos piqueteros, entre otras), bastardeadas en el Plan Nacional Argentina Trabaja, por citar sólo algunas anomalías inaceptables.En fecha reciente y en forma corporativa, todas las confederaciones mutuales y cooperativas acaban de declarar y manifestar públicamente: "1) Ante expresiones sobre supuestas irregularidades e inadecuada fiscalización, mutual y cooperativa, valoran positiva y homogéneamente las actuales políticas públicas para la promoción y desarrollo del sector de la economía social; 2) Por ello, ante algunos cuestionamientos, no resulta razonable la difamación ni la crítica sin fundamento (sic)". Concluyen expresando: "Conjuntamente con el Inaes, llevamos a cabo políticas de desarrollo y promoción del sector de la economía solidaria y, según lo establecen las leyes 20.337 y 20.321, estamos empeñados en impulsar acciones concretas para transparentar y legitimar las actividades que realizan cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional". Preguntas. Ante esta declaración, es inevitable preguntarse: 1) ¿Esas corporaciones son negligentes inexcusables, partícipes necesarios y/o cómplices? 2) A confesión de parte, relevo de pruebas: la corporación mutual-cooperativa admite de manera expresa faltas de transparencia e ilegitimidades. 3) ¿Parte y jueces? Mediante el decreto 721/2000, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Inaes y asignó su conducción y administración a un directorio integrado también por un vocal en representación de las mutuales y otro en representación de las cooperativas. Indicó que los integrantes del directorio que actúen "en representación de las mutuales y de las cooperativas" serán propuestos por entidades que agrupen a las mutuales y a cooperativas. De manera obvia y concomitante, toda irregularidad, descontrol, ilegalidad e ilegitimidad cooperativa y mutual inhabilita a esos directores mutuales y cooperativos para dictaminar y/o resolver en esos casos en general, pero mucho menos para "apañarlos", en particular. 4) Adviértase también que esta declaración conjunta no contiene ningún repudio ni el más mínimo reproche a las notorias irregularidades mutuales y cooperativas actuales, de público conocimiento y enorme repercusión. 5) ¿Por qué esas corporaciones tampoco denunciaron a ninguno de los supuestos difamadores a los que hacen referencia? 6) Finalmente, los firmantes de esa declaración vienen conformándose, sujetándose y subordinándose –sin ningún reproche ni reservas– a los decretos mutuales (20.321/73) y cooperativos (20.337/73) de la dictadura, paradójicamente, uno de los regímenes a los que este Gobierno mal podría prohijar y propiciar. Esta declaración corporativa suma otra razón para que insistamos en la intervención del Inaes y la interpelación parlamentaria de los responsables políticos del área.