Compás de espera

La política, reducida a tensiones y contradicciones dentro del oficialismo, quedará supeditada al compás de espera de la evolución de la convalecencia posoperatoria de la Presidenta. Hasta el 24 de enero no cabe aguardar iniciativas propias de Amado Boudou. El vice debutante en el Ejecutivo se limitará a supervisar las decisiones ya en marcha, marcado de cerca, a su vez, por el mínimo círculo de estricta confianza de Cristina Fernández. Y hasta por ella misma.La conmoción que causó el anuncio oficial sobre el cáncer de la Presidenta frizó las tensiones. Nadie quiere aparecer como un aprovechador político. Hasta su hoy principal adversario, Hugo Moyano, se llamó a silencio en la ofensiva que había iniciado la misma semana en que la Presidenta asumió su segundo mandato, cuando renunció a sus cargos en la "cáscara vacía" del PJ y mantuvo con intransigencia los reclamos sindicales.El freno responde también a otras razones. Moyano no las tiene todas consigo en la Confederación General del Trabajo (CGT). La enfermedad presidencial abrió un debate entre sus incondicionales que plantean una tregua y quienes postulan avanzar. Había planeado, además, una reunión de la mesa chica cegetista para la semana que pasó, pero debió desarmarla, ante el riesgo de que comenzaran a quitarle respaldo los "independientes". Sobre este sector de sindicatos industriales y de la construcción, que fortaleció su poder desde 2003, se apoya el Gobierno. También de él espera que salga el reemplazante de Moyano, en una sucesión institucional, cuando venza su mandato a mediados de 2012, y con el camionero dentro de la CGT. Sería una fórmula ideal, aunque sobre sus posibilidades se manifestó escéptico ante este diario el metalúrgico Antonio Caló, momentos antes de mostrarse el miércoles en la Rosada junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el discurso de la Presidenta.A contribuir a restablecer el puente pareció apuntar el sorpresivo reconocimiento que los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta dieron a Moyano. Sintonía salarial. Las estrecheces de la economía en 2012 dirán, sin embargo, si alcanzan los reconocimientos políticos. Desde marzo comenzará a jugarse a suerte y verdad: a las paritarias, los sindicatos irán por un 25 por ciento, contra Gobierno y empresarios, que plantean un máximo de 18. "Sintonía fina" en la negociación salarial, carente, sin embargo, de correlato en la inflación. También "sintonía fina" sobre el conjunto de la economía, a partir de una concentración de las decisiones económicas en la Presidenta. La percepción en la Rosada es que la recesión global que devendrá de la crisis en Europa golpeará la economía argentina mucho más de lo que en público se admite.Una prueba de esto es el estricto control al que la Rosada sometió a las provincias con la refinanciación de las deudas con la Nación. La prórroga del período de gracia estuvo acompañada por condicionamientos que van en detrimento de las autonomías locales. A cambio, deberán informar en forma periódica y con precisión sus situaciones fiscales y financieras e incluso detallar antes del 29 de febrero sus nóminas de empleados públicos. Así, la llave de la casi totalidad de los recursos la tendrá la Presidenta.Justifican en la Rosada que sólo así podrán cerrarse las grietas en el superávit comercial y financiero. Del restablecimiento de esos pilares del "modelo" depende que pueda sobrellevar el adverso 2012 y, desde su concepción del poder, doblegar los desafíos que suponen Moyano y gobernadores justicialistas no alineados. Sin reelección en 2015, el poder acumulable en estos primeros 18 meses es clave para las legislativas de 2013. De este resultado dependería ampliar mayorías para una reforma constitucional (de "re-reelección" habló ayer el jefe de Diputados, Julián Domínguez) o decidir sobre el precandidato en 2015. Pelea patagónica. Pero antes está la realidad inmediata. La "sintonía fina", que provincias como Mendoza y Córdoba también comenzaron a delinear no parece ser tal en el terruño de la Presidenta. El ajuste al mejor estilo de la década de 1990 que impulsó el gobernador Daniel Peralta chocó con la resistencia popular y puso una vez más a Santa Cruz en una crisis político-institucional. La emergencia económica y previsional, a juzgar por la opinión del senador radical santacruceño Alfredo Martínez, acérrimo opositor a los Kirchner, era innecesaria: el déficit previsto es de 400 millones de pesos sobre un presupuesto de 10 mil millones. ¿Por qué, entonces? La explicación estaría en las peleas intraoficialistas. Integrante del gobierno santacruceño, después de haberlo "embarcado" a Peralta, La Cámpora terminó por abandonarlo ante el rechazo popular al ajuste. Habría sido parte de un plan para ganar poder dentro de la administración provincial. El final está abierto, pero de suceder así, los jóvenes promovidos por la Presidenta tendrán que rendir el primer examen de su capacidad ejecutiva, en una provincia donde la fragilidad institucional ha sido una constante.