Cinco asignaturas pendientes de la democracia

Los 31 años de democracia –que se cumplen el 10 de diciembre próximo– muestran cinco asignaturas políticas pendientes. La primera es la incapacidad para generar un verdadero sistema de partidos. Ellos son un instrumento imprescindible para la calidad de la democracia y fueron incorporados al texto constitucional en la reforma de 1994. La historia política argentina, desde la sanción de la ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio en 1912, puede dividirse en el bipartidismo radical-conservador, primero (1912-1946), y el radical-peronista después (1946-2001). La Argentina tuvo así un bipartidismo atenuado o imperfecto. Pero la crisis de 2001-2002, además de ser la más grave en lo económico-social, se llevó el sistema de partidos.Las tres elecciones presidenciales realizadas desde entonces (2003, 2007 y 2011) mostraron a un peronismo dividido en tres candidatos, que ocupaba el espacio del oficialismo y parte del opositor, sin que el radicalismo, en ninguna de las tres oportunidades, lograra transformarse en una opción competitiva.Hoy, de cara a 2015, la carencia de partidos que organicen la vida política es evidente. Los sondeos muestran a candidatos como Sergio Massa, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Hermes Binner y Julio Cobos, entre otros, pero las fuerzas políticas que ellos representan tienen un rol muy secundario. A medida que se desarrolló la democracia, los partidos se fueron debilitando en lugar de fortalecerse. Este proceso se explica, en parte, por la "territorialización" de la política. Gobernadores e intendentes fueron transformándose en centros de poder político autónomos respecto de los partidos.

La segunda asignatura pendiente ha sido la dificultad para asumir la existencia de una Justicia independiente. Ello surge con claridad al analizar 
la evolución de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando Raúl Alfonsín asumió, provocó la renuncia de la Corte Suprema del gobierno militar. Designó una nueva, en la cual había cuatro juristas independientes con afinidades en el radicalismo y un quinto de origen justicialista.

Llegó luego Carlos Menem y, antes de cumplir un año de gobierno, amplió la cantidad de sus integrantes y la elevó de cinco a nueve. Su mayoría en el Senado le permitió nombrar a nuevos jueces en el máximo tribunal, y en 1990 ya tenía pleno control sobre ella.

En 1993, se firmó el llamado Pacto de Olivos. Por una de sus cláusulas, se provocaron renuncias en la Corte y nuevas designaciones. Quedó así una nueva Corte, en la cual cinco miembros respondían a la orientación de Menem y los cuatro restantes, a Alfonsín.

En 2003 llegó Néstor Kirchner al poder. Avanzó con juicios políticos, provocó renuncias y quedó conformada una nueva integración del alto tribunal, de siete miembros, de los cuales cuatro fueron designados por el nuevo gobierno y quedan sólo tres de la conformación anterior.

Todo este proceso fue mostrando sucesivos intentos políticos de controlar a la Corte y alinearla con los objetivos del Ejecutivo.

La tercera asignatura ha sido la abdicación por parte del Congreso de la Nación de sus competencias propias y específicas.

A lo largo de las tres décadas transcurridas, el Poder Legislativo ha ido delegando, en forma gradual pero sistemática, sus funciones en manos del Ejecutivo.

La reforma constitucional de 1994, que pretendió atenuar el presidencialismo dando más atribuciones al Congreso, fracasó en este objetivo.

La crisis de 2001-2002 generó una delegación excepcional de competencias del Congreso en el Ejecutivo, por la cual el presidente pudo resolver, por decreto, cuestiones que requerían –de acuerdo a la Constitución– su sanción mediante leyes.

Año a año, y pese a haberse normalizado la economía y vivirse un proceso de expansión, el Congreso fue renovando su delegación e inclusive la amplió.

En 2013 se llegó al máximo, cuando el Parlamento, tras una fuerte derrota electoral del oficialismo, renovó la delegación por dos años y no anualmente, como había sido hasta entonces. Esto ha traído como consecuencia un fortísimo aumento del gasto discrecional en manos del Ejecutivo.

El retroceso del federalismo es la cuarta asignatura política pendiente en las tres décadas de democracia transcurridas.

Este retroceso tuvo varias etapas. La primera fue la reforma constitucional de 1994: la eliminación del Colegio Electoral y su sustitución por el voto directo en distrito único para elegir al presidente de la Nación implicó la pérdida de influencia de las provincias más chicas en dicha elección e incrementó el rol electoral bonaerense.

La provincia de Buenos Aires, que era el 28 por ciento del Colegio Electoral, pasó a tener el 40 por ciento de los votos efectivos para ser presidente de la Nación.

Hoy, para elegir presidente, el partido más populoso del Gran Buenos Aires (La Matanza) tiene tantos votos efectivos como las seis provincias más chicas sumadas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, La Rioja y Catamarca).

La nueva Ley de Coparticipación determinada por la Constitución de 1994 se demoró durante dos décadas. Es tal el retroceso, que en 2014, el Ejecutivo hizo aprobar una ley para avanzar sobre la propiedad provincial de los hidrocarburos, determinada en dicha Constitución.

La quinta asignatura es la incapacidad de los procesos políticos para tener transiciones ordenadas y fines de ciclo sin crisis.

El alfonsinismo tuvo un final en crisis, con la economía fuera de control y violencia en las calles. Menem logró entregar el poder a Fernando de la Rúa sin crisis en 1999, pero dos años más tarde, el estallido de la convertibilidad representó nuevamente un final en desorden económico y violencia en las calles.

Así, el fracaso de la Alianza terminó siendo como un final con efecto retardado del menemismo.

Tras una década del kirchnerismo en el poder, el país parece encaminarse de nuevo hacia un final con la economía en dificultades y con riesgo de manifestaciones de fuerte descontento social en las calles.

La historia nunca se repite igual, pero hacia fines de 2014, la Argentina parece mostrar esa constante de no lograr realizar las transiciones políticas en orden.

*Director del centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría