Cambiar el impuesto al cheque

S i alguno de los 17 gobernadores que acudió el lunes último a Olivos a escuchar a la presidenta de la Nación llevaba la secreta esperanza de obtener más recursos procedentes del impuesto al cheque, seguramente habrá regresado a su provincia masticando frustración.

Lejos de ellos, Cristina Fernández deslizó, como al pasar, la posibilidad de eliminar ese gravamen, aunque luego relativizó esa alternativa y habló de "en el futuro", lo que bien podría significar en el próximo gobierno.

En realidad, el llamado impuesto al cheque, más propiamente Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, es un tributo distorsivo y por esa razón ha sido eliminado en otros países, como Brasil. Cuando se lo implementó en Argentina, durante la gestión de Fernando de la Rúa-Domingo Cavallo, se dijo que tendría un carácter transitorio, pero desde entonces es prorrogado.

Su eventual eliminación sería, pues, un acto de sana política económica, pero es claro que cerraría para el interior uno de los pocos canales de financiamiento federal. Las provincias reciben el 30 por ciento del tributo pero, luego de restar asignaciones específicas, terminan percibiendo sólo el 15 por ciento del total recaudado.

Lo ideal sería que el gravamen se transforme en un tributo a cuenta del IVA o del Impuesto a las Ganancias, que sí son coparticipables, o bien de los aportes que realizan monotributistas y trabajadores autónomos, como fue planteado al constituirse, hasta que las necesidades fiscales del Estado nacional -a partir de la crisis 2001/2002- lo transformaron en una carga fiscal que tiende a perpetuarse.

Así, adquirió todas las características de un "impuesto distorsivo", que termina castigando a los particulares y empresas que tienen sus actividades plenamente registradas. Por el contrario, quienes están en la informalidad, por una u otra razón, se benefician al no ser alcanzados por este impuesto que obliga a emitir un cheque por todo pago superior a mil pesos.

De tal forma, la "economía marginal" se expandió al mismo ritmo que la actividad formal y hoy supone el 30 por ciento de lo que la Argentina genera en bienes y servicios en un año, según coinciden diversos economistas. Esa informalidad permite negocios y pagos millonarios fuera del control fiscal, además de alentar la contratación informal de trabajadores. A fines de 2009, uno de cada tres empleados no estaba registrado.

Por lo tanto, la discusión en torno de un impuesto que el año pasado significó detraer del conjunto de provincias 7.189 millones de pesos, según el instituto de estudios de Fundación Mediterránea, debería apuntar -más que a ver a qué "caja" van esos recursos- a definir la mejor solución para una economía que debe ganar en eficiencia y productividad, para asegurar un desarrollo sustentable.