Aprontes contradictorios

El Gobierno nacional cerró 2010 con decisiones contradictorias ante sus, hoy, mayores desafíos preelectorales. Si, por un lado, terminó por admitir el problema de la seguridad, por otro minimiza el peligro de la inflación. Antes de viajar a Río Gallegos, la Presidenta firmó un decreto que fortalece el creciente protagonismo de la Gendarmería y de la Prefectura en la seguridad ciudadana. La decisión va en detrimento de la Policía Federal, que hasta fue desplazada de su histórica función de custodia presidencial: sorprendió que la vigilancia de fin de año de Cristina Fernández la ejercieron gendarmes. ¿Sospechas de espionaje político de la actividad presidencial?El decreto en cuestión solicita que "en carácter muy urgente", la Gendarmería y la Prefectura desplieguen recursos humanos y materiales para reforzar la prevención. Pero si la parte resolutiva es llamativa, más aún lo es una de las razones argumentadas, cuando se destaca el "compromiso asumido por el Estado nacional en la materia y en optimizar las operaciones enmarcadas en el esfuerzo nacional de policía, para incrementar la actividad preventiva contra la inseguridad en el territorio nacional, privilegiando la prevención mediante una acentuada presencia, seguimiento y conjuración del delito". Es una defensa explícita de la política de seguridad que ensaya el Gobierno desde la creación del ministerio y la puesta al frente de Nilda Garré. Acción y costo. No ha sido, sin embargo, por iniciativa propia, sino por el imperio de los hechos, que el Gobierno intenta desarrollar, por primera vez, una concepción de seguridad basada en el control de la autoridad política sobre la Policía Federal. Parecería ser esa la forma en que el Gobierno actúa: sucedió con la asignación universal y con la movilidad jubilatoria. En este caso, fue por la sucesión de tomas de terrenos, que al tiempo que develó uno de los problemas sociales más urgentes del país –la escasez de viviendas, injustificable pese al sostenido crecimiento económico–, también dejó en evidencia su utilización política y hasta delincuencial. El Gobierno ha tenido su costo político por estos hechos: el jueves se produjo el cuarto muerto en menos de un mes. El balance inicial parece favorable desde que el Gobierno se decidió a tomar por las astas el problema, cuando hace veinte días jerarquizó Seguridad y designó a Garré. Sospechada por los dos primeros muertos en la toma del Indoamericano, la Federal tuvo un descabezamiento sin precedentes en 27 años. El desalojo de la prolongada toma del club Albariño, el martes, probó que con una combinación de presiones políticas y judiciales y de saturación de fuerzas de seguridad, la represión es eludible. Que esos hechos, como los ataques en Constitución, hayan sido presentados como parte de una "conspiración" es rasgo de un juego al que el Gobierno, como sectores de la oposición, pretende acostumbrarnos. En el subibaja. Los cambios en Seguridad parecen ir más a fondo que otros ordenados por la Presidenta desde la muerte de Néstor Kirchner. La negociación con el Club de París, el asesoramiento del FMI al Indec y el acercamiento a Estados Unidos, a propósito de Wikileaks, son por ahora pura cosmética. Pero junto con esos retoques, hubo subibajas en el poder gubernamental. Aníbal Fernández ha sido el mayor perdidoso. Ganaron, por el contrario, el sector juvenil del kirchnerismo y el ala izquierda del oficialismo con Garré como cara visible. Y esta semana el PJ bonaerense, no tanto Daniel Scioli, sino los intendentes ultraoficialistas: la designación de Juan José Mussi en Ambiente es una señal hacia ese sector, pero también de acotamiento al gobernador. Los relevos, dicen en la Rosada, incluirán también a algunos ministros, y bastante antes de que se lance la carrera en marzo. La gestación de este status quo confirmaría la intención reeleccionista de Cristina.Pero de la inflación, a diferencia de la seguridad, el Gobierno no da registro. La prórroga por decreto del Presupuesto 2010, ampliado en gastos y en facultades de endeudamiento, es algo que buscó el Gobierno al condicionar el debate legislativo. Y al que la atomizada oposición colaboró cuando no supo qué hacer.Lo cierto es que ese Presupuesto se desentiende de la inflación, origen de lo que será el mayor conflicto del año electoral. Y ya hay indicios en ese sentido: estancado el pacto social UIA-CGT, siete gremios, con Hugo Moyano a la cabeza, lograron sustantivos pluses salariales por fin de año a cuenta de la puja mayor en paritarias.