Aislamiento administrado: apoyo y preocupación
La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis sanitaria a escala planetaria, con derivaciones económicas y sociales que nadie puede prever a ciencia cierta. Sin dudas, Argentina, y en particular Córdoba, no podían ser las excepciones a la regla. No somos islas.
Esta pandemia mundial llegó a la Argentina en medio de una situación económica y social de extrema fragilidad. Con una economía endeudada al límite de la cesación de pagos (o default), con una pobreza de más del 35%, con una inflación de más del 50% anual (2019) y con una caída del 3,5% del producto interno bruto entre 2015 y 2019.
A eso debe sumarse un sistema sanitario disminuido al extremo. La desinversión en la salud pública, salvando excepciones provinciales como Córdoba, más la profundización de la crisis de las obras sociales por la caída del empleo formal jaquearon las prestaciones a las personas con menos recursos.
En ese marco, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) debieron enfrentarse a una tremenda crisis que nadie predijo. Por fortuna, lo hicieron con decisiones tomadas y acciones implementadas en conjunto. Una buena noticia, entre tantas malas.
La clase política argentina, muchas veces vituperada por tantas razones, dio muestras de una llamativa sensatez. Los oficialismos de distintos signos partidarios se pusieron de acuerdo sobre dos cuestiones principales: qué hacer y cómo hacerlo.
Más temprano que otros países del planeta y, en particular, de América latina, los titulares de los poderes ejecutivos de la Nación, de las provincias y de Caba decidieron que la salud de los argentinos estaba por encima de la economía. Sobre esa base, decidieron la suspensión de las clases y, a continuación, el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Por primera vez en muchos años, la ciudadanía vio a sus gobernantes juntos, sin peleas partidarias. Un hecho semejante a la defensa de la democracia que se dio en otras Pascuas, las de 1987. Este consenso político, fundado en recomendaciones de expertos en salud, ha sido clave para generar el apoyo de los ciudadanos.
La primera decisión fue anunciada por el Presidente junto con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las restantes fueron tomadas luego de reuniones con todos los gobernadores y con el mismo jefe de Gobierno porteño.
La mirada de los cordobeses
Evidentemente, la cuarentena implica muchos perjuicios económicos para la población en general. Pequeños y medianos empresarios, empleados en blanco, trabajadores en negro, cuentapropistas, todos son y serán perjudicados. Como siempre, quienes más sufren son quienes menos tienen.
Atento a esa andanada de dificultades, una de las grandes dudas fue y sigue siendo la reacción de la gente común y corriente. En otros términos, si el ciudadano de a pie aceptaría las decisiones tomadas y por tomar por el Gobierno nacional para evitar un contagio masivo por encima de la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Una primera encuesta del defensor del Pueblo demostró que casi el 90% de los cordobeses aceptaba la cuarentena dispuesta por el Presidente desde el 20 hasta el 31 de marzo. Entre el restante 10%, estaban los cordobeses que debían salir de sus casas por motivos personales o laborales y, también, un mínimo porcentaje en contra del aislamiento que ha sido noticia por sus inconductas.
La primera prórroga del 1 al 13 de abril puso nuevamente a prueba la opinión de los cordobeses. Una segunda encuesta del defensor del Pueblo, realizada entre el 7 y 8 de este mes, mostró que el 80,88% confiaba en las decisiones del primer mandatario.
Respecto de la segunda prórroga, del 14 al 26 de abril, según la última encuesta referida, el 95,55% de los cordobeses consideraba que la cuarentena debía continuar, de manera parcial o completa (58,88% y 36,67%, respectivamente). Apenas el 1,76% optaba por la salida total; básicamente, los que nunca la aceptaron.
Así, la decisión presidencial va en línea con la percepción de la inmensa mayoría de los cordobeses. El dato clave es que a tres de cada cuatro cordobeses les preocupa más la salud que la economía, tanto en términos particulares (personales y familiares) como generales (a escala provincial y nacional).
No se trata de una opción excluyente, sino de una priorización en tiempos de crisis. Apoyar la prórroga no significa despreocuparse de la economía familiar o nacional. Todo lo contrario: más del 70% de los cordobeses siente “incertidumbre” o “angustia”.
En síntesis, la gran mayoría de los cordobeses apoya la decisión del presidente de la Nación, a pesar de la enorme preocupación por la situación económica y social. Eso no significa un posicionamiento político ni partidario. Entenderlo de esa manera sería un error tan grave como desatender la incertidumbre y la angustia de los ciudadanos por estas horas difíciles.
*Director del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba
